martes, 17 de octubre de 2017

La Cinemateca que no se quiere



por Christian Wiener Fresco

En las últimas semanas y meses, varios hemos escrito y comentado que una de las más graves omisiones del proyecto de nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano elaborado por el Ejecutivo y presentado al Congreso es la negativa a crear la tan ansiada Cinemateca Nacional. En este caso no se puede achacar la omisión a los insensibles funcionarios del MEF, pues el texto original elaborado por el Ministerio de Cultura, con participación de los gremios de cineastas, ya  había renunciado a este objetivo.







Sin embargo si uno revisa el proyecto legislativo va a encontrar en varias partes que se
habla de la preservación del patrimonio audiovisual nacional, “conservándolo, restaurándolo, archivándolo y difundiéndolo”; aunque de forma más que sintomática no se dice nada de ello entre las finalidades de la Ley. Más adelante dicen que se otorgará del dinero del fondo estímulos directos –es decir sin concurso- para la preservación del patrimonio audiovisual, lo que genera inevitables sospechas y especulaciones, habida cuenta que al no existir la Cinemateca Nacional ¿a quienes se asignará esos recursos? ¿Una ley para un solo postor?


Por último, algo que puede parecer un detalle, pero no les tanto (y ya sabemos que el diablo esta en los detalles). En la ley actual, la 26370, se precisa en el artículo 19 que la empresa productora beneficiaria de los premios es  propietaria de  los  derechos de  utilización económica  de la  obra  cinematográfica, pero que el Estado tiene  derecho a  por  lo menos una  copia  final de  la  misma, la  que  sólo puede  ser  utilizada para  fines  de difusión cultural o educativa (lo que no fue modificado con la Ley 29919). Esto fue un gran paso adelante con respecto a la norma anterior, la 19327, donde esta obligación no existía y tuvo como resultado que gran parte de ese material se perdiera irremediablemente. Ahora, gracias a esta disposición, el Ministerio de Cultura dispone de un valioso archivo de lo que fue CONACINE y lo que ha venido premiándose en los últimos años en la máxima entidad cultural del país. Allí está la base de la Cinemateca, si no quieren de hoy, la de mañana. Pero todo eso podría quedar trunco si se aprueba el proyecto del Ejecutivo tal cual ha sido presentado al Congreso. ¿Y por qué? Porque se ha omitido, no sabemos si intencional o involuntariamente, la obligación de los productores que obtienen algún tipo de apoyo de la Ley a dejar cuando menos una copia de sus producciones.

Es decir, se invertirá una buena cantidad de recursos del Estado (6000 UIT) para financiar la cinematografía nacional y de ella no nos quedará ni la sombra. ¿Tiene algún sentido? Alguien dirá que debido a la intención de adelgazar la propuesta original hasta casi la inanición, se olvidaron de esta mención esencial, y que ello se podría corregir en el Reglamento, pero no es así, porque una norma de menor rango no puede ir más allá de lo que la Ley no manda ni faculta.

Un país que no defiende su pasado difícilmente puede asegurar su presente ni garantizar su futuro. Eso vale también para nuestra cinematografía, si es que nos preocupa como cultura sinceramente y no solo como negocio momentáneo.

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