La Cinemateca que no se quiere

por Christian Wiener Fresco

En las últimas semanas y meses, varios hemos escrito y comentado que una de las más graves omisiones del proyecto de nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano elaborado por el Ejecutivo y presentado al Congreso es la negativa a crear la tan ansiada Cinemateca Nacional. En este caso no se puede achacar la omisión a los insensibles funcionarios del MEF, pues el texto original elaborado por el Ministerio de Cultura, con participación de los gremios de cineastas, ya  había renunciado a este objetivo.

De esta manera el Perú seguirá estando en cuanto a la preservación del patrimonio audiovisual a la zaga de los otros países de la región, no solo de los más desarrollados históricamente en este campo como Argentina, Brasil o México, sino incluso de aquellos con una producción cinematográfica más reducida, y menos antecedentes fílmicos, como Ecuador, Bolivia o Panamá, por citar algunos.

¿Por qué la negativa a constituir la Cinemateca? Los motivos que explican y justifican la necesidad y urgencia de su creación son múltiples, y han sido explicados en diversos artículos y publicaciones, tanto virtuales como impresas y audiovisuales. Este autor preparó un extenso informe para el propio Ministerio de Cultura que revisa las experiencias de otros países y la importancia de su existencia, dando algunas recomendaciones casi de sentido común para su pronta implementación.

¿Qué es lo que falta entonces? Sencillamente, voluntad política, la que parece no existir en las altas esferas. Como ya hemos señalado en otra oportunidad, podemos entender, aunque no justificar, que el tema no perturbe mucho a los cineastas urgidos por el presente y la necesidad de acceder a fondos para sus producciones.  El inmediatismo nunca ha sido un buen consejero en política cultural, y nuestros cineastas –salvo honrosas excepciones- no parecen preocuparle el futuro de sus propias creaciones.  Pero lo realmente incomprensible es que quienes representan al Estado, en este caso el Ministerio de Cultura, cuya preocupación central debiera ser más que promover la producción actual por parte de particulares, el preservar y difundir nuestro archivo audiovisual  para las futuras generaciones, no promuevan su empuje en el nuevo proyecto legislativo.

Autoridades del Ministerio de Cultura se han defendido diciendo que estarían preparando una nueva propuesta legislativa para crear la Cinemateca. Pero más allá de sus promesas no hay nada que refrende esa posibilidad. Por el contrario, se anunció con mucho bombo a inicios de septiembre la dación de la Resolución Ministerial N° 313-2017-MC  que conforma un grupo de trabajo “para efectuar un análisis situacional y elaborar recomendaciones para la formulación de una política de conservación, preservación y difusión del patrimonio audiovisual del país” por parte del Ministerio de Cultura, y representantes de entidades adscritas a ese sector (TV Perú, Biblioteca Nacional, Archivo General). Pero se han cuidado de precisar, por si hiciera falta, que el mencionado grupo no elaborará ninguna propuesta legal al respecto.

Como manifestó en su momento Francisco Adrianzén, en una sentida nota sobre la dolorosa partida del maestro Jorge Vignati y la necesidad de resguardar su legado fílmico: “Estrategia política equivocada: Promover luego una ley especial para la Cinemateca Nacional. ¿Con qué fuerzas, con que actores? ¿En qué momento? ¿Podrán superar la dinámica del Congreso? ¿Tan seguros se sienten de lograr un consenso en el Ejecutivo y el Congreso para tal propósito? Son algunas preguntas que debiéramos de hacernos antes de enviar la creación de la Cinemateca Nacional hasta las calendas griegas, o mejor dicho hasta nunca. ¿Cuándo funcionarios, los cineastas y sus gremios, políticos y autoridades, terminaremos de comprender la importancia y urgencia de la preservación, restauración, difusión y archivo de nuestro patrimonio fílmico mediante una Cinemateca Nacional? ¿Cuándo comprenderemos realmente el enorme papel que cumpliría como un polo cultural fundamental para el desarrollo del cine y nuestra cinematografía en su conjunto?”

Sin embargo si uno revisa el proyecto legislativo va a encontrar en varias partes que se

habla de la preservación del patrimonio audiovisual nacional, “conservándolo, restaurándolo, archivándolo y difundiéndolo”; aunque de forma más que sintomática no se dice nada de ello entre las finalidades de la Ley. Más adelante dicen que se otorgará del dinero del fondo estímulos directos –es decir sin concurso- para la preservación del patrimonio audiovisual, lo que genera inevitables sospechas y especulaciones, habida cuenta que al no existir la Cinemateca Nacional ¿a quienes se asignará esos recursos? ¿Una ley para un solo postor?

Asimismo, se menciona en el artículo 16 del proyecto que se constituye un Archivo de la Cinematografía y el Audiovisual peruano sin precisarse si será una oficina administrativa (lo que haría innecesaria su mención en la norma) o un sucedáneo de la negada Cinemateca Nacional por las tareas que se le asigna, que no incluyen, empero, la de difusión. Otra vez, citando a Adrianzén: “¿Con qué nos quedamos? ¿O tendremos que pensar en chiquito para quedar según nuestras voluntades en grande o más bien, según nuestras realidades en chiquito?”

Por último, algo que puede parecer un detalle, pero no les tanto (y ya sabemos que el diablo esta en los detalles). En la ley actual, la 26370, se precisa en el artículo 19 que la empresa productora beneficiaria de los premios es  propietaria de  los  derechos de  utilización económica  de la  obra  cinematográfica, pero que el Estado tiene  derecho a  por  lo menos una  copia  final de  la  misma, la  que  sólo puede  ser  utilizada para  fines  de difusión cultural o educativa (lo que no fue modificado con la Ley 29919). Esto fue un gran paso adelante con respecto a la norma anterior, la 19327, donde esta obligación no existía y tuvo como resultado que gran parte de ese material se perdiera irremediablemente. Ahora, gracias a esta disposición, el Ministerio de Cultura dispone de un valioso archivo de lo que fue CONACINE y lo que ha venido premiándose en los últimos años en la máxima entidad cultural del país. Allí está la base de la Cinemateca, si no quieren de hoy, la de mañana. Pero todo eso podría quedar trunco si se aprueba el proyecto del Ejecutivo tal cual ha sido presentado al Congreso. ¿Y por qué? Porque se ha omitido, no sabemos si intencional o involuntariamente, la obligación de los productores que obtienen algún tipo de apoyo de la Ley a dejar cuando menos una copia de sus producciones.

Es decir, se invertirá una buena cantidad de recursos del Estado (6000 UIT) para financiar la cinematografía nacional y de ella no nos quedará ni la sombra. ¿Tiene algún sentido? Alguien dirá que debido a la intención de adelgazar la propuesta original hasta casi la inanición, se olvidaron de esta mención esencial, y que ello se podría corregir en el Reglamento, pero no es así, porque una norma de menor rango no puede ir más allá de lo que la Ley no manda ni faculta.

Un país que no defiende su pasado difícilmente puede asegurar su presente ni garantizar su futuro. Eso vale también para nuestra cinematografía, si es que nos preocupa como cultura sinceramente y no solo como negocio momentáneo.

El Perú no es solo Lima (ni su cine tampoco)

por Christian Wiener Fresco

En los últimos días el ambiente cinematográfico nacional va dejando poco a poco su modorra y aletargamiento, comenzando a reaccionar en algunos puntos, producto del todavía incipiente debate de la nueva ley, aunque de forma aun parcial y desarticulada. Era inevitable, todo cambio normativo genera una reacción en cadena aun cuando sus propiciadores no lo buscaran. De los varios temas que se vienen presentando en referencia al cine peruano, tal vez el que ha provocado mayores intercambios es el del regional, impulsado por los realizadores y representantes identificados como tal, así como los que vienen estudiando e investigando esta amplia producción en los últimos años.

Según la investigación desarrollada por Emilio Bustamante y Jaime Luna Victoria en su libro “Las

miradas múltiples. El cine regional peruano”, lo que ahora conocemos bajo esa categoría se remonta al año 1996, no porque antes no hubiera producción en el interior del país (ahí está el caso de la ‘Escuela del Cusco’ entre los años 50 y 60) sino porque desde esa fecha se comenzó a producir y exhibir de manera cada vez más intensiva películas hechas en sus localidades, de diversas temáticas, en departamentos del país como Ayacucho, Puno, Cajamarca, Junín, Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Loreto, entre los principales.

Alrededor de doscientas películas suman las producidas en estos veinte años, donde más del noventa por ciento de la misma fue financiada con recursos propios, y solo una mínima cantidad recibió apoyo del Estado –antes CONACINE, luego Ministerio de Cultura- ya que estos fondos recién empezaron a dirigirse a apoyarlos en el 2008, y de manera más efectiva y constante desde la aprobación de la modificatoria de la ley 26370 el 2012, que permitió la 

convocatoria y realización de los concursos de manera más regular.

Una cinematografía que es tal vez uno de los mejores ejemplos de los esfuerzos y constancia de los llamados sectores emprendedores, en su gran mayoría autodidactas, que sacaron de la nada un importante lote de películas mientras buena parte de sus pares limeños seguían esperando por los concursos con fondos públicos, retaceados por la falla de presupuesto. Esto fue posible en gran parte por el abaratamiento y las facilidades técnicas y logísticas de las nuevas tecnologías audiovisuales y los equipos caseros y semiprofesionales a que echaron mano (primero analógicos, luego digitales). Asimismo del crecimiento económico y poblacional de las urbes provincianas, en momentos que la globalización paradójicamente nos acercaba más al mundo a la par que reforzaba las identidades locales y regionales.

Esta paradoja se expresaba también en el sincretismo de gran parte de sus obras, que como bien señalan Bustamante y Luna Victoria, se inspira en relatos y tradiciones de una cultura oral acendrada en sus zonas, fusionada con géneros y esquemas propios del cine internacional, sea Hollywood como Bollywood, y de otros lares. Salvo excepciones, no hay pretensiones de cine de autor y pensado para los festivales internacionales, sino para el consumo local –ni siquiera nacional-, lo que se tradujo en la buena acogida que tuvieron las exhibiciones también precarias en improvisados auditorios de su localidad.        

Durante un buen tiempo este cine fue visto con condescendencia en el ámbito cultural limeño, registrado como curiosidad en notas periodísticas y reservado para ser discutido como fenómeno en mesas redondas de antropólogos, nunca de críticos o cineastas. Incluso cuando se debatía la posibilidad de una modificatoria a la ley actual en el 2009 y 2010, era común escuchar referirse en términos peyorativos a esta producción, y cuestionar la necesidad de los concursos exclusivos para las regiones, lo que persiste todavía en muchos hasta hoy.

El Concurso para obras de largometrajes exclusivo de las regiones del país fue instituido por el Ministerio de Cultura bajo el criterio de la discriminación positiva, para estimular la pujante creación fuera de la capital que en muchos casos carecía de la experticia y posibilidades técnicas y logísticas para competir con los otros en igualdad de condiciones. El propósito fue impulsar a los realizadores regionales a producir y no tanto que se filme en el interior del país, así como la ley de cine busca promover esencialmente la producción peruana y no tanto en el Perú (que de esta manera sería más una Film Commission). Pero no faltaron cineastas golondrinos que a pesar de vivir en Lima o el extranjero se las ingeniaban para conseguir asociarse a un productor regional y lograr el premio, lo que era una forma de burlar el espíritu de la norma aprovechando la generalidad de las bases. En anterior ocasión propusimos, y sería bueno insistir ahora de cara a una nueva Ley, que se exijan a los participantes requisitos similares y equivalentes a los que se establecen para el caso de las películas peruanas en la ley actual (es decir, no solo empresa sino procedencia o residencia del director y un porcentaje mínimo de técnicos y artistas participantes).

Flaviano Quispe, realizador puneño, expresa con bastante claridad su posición en este punto en una presentación pública, revelando de alguna manera la insatisfacción y molestia de muchos de ellos anteeste tema: “Los concursos tal como están planteados se convierten por lo tanto en un ‘colador’ por donde no podemos pasar la mayoría de los cineastas que vivimos y trabajamos en las diferentes regiones y esa es la explicación por la que cada vez más los que ganan estos concursos no somos nosotros sino los limeños o los ‘alimeñados’. O sea, mientras más contacto tengan con los limeños, mientras más tiempo vivan en Lima, más posibilidad de ganar los concursos van a tener. De esa forma el centralismo limeño revierte nuevamente en beneficio suyo, marginando y discriminando a los centros de producción más alejados cultural y económicamente de Lima. Creo que se necesita una verdadera política intercultural que modifique las equivocadas reglas de juego de los concursos actuales. Eso es lo que pedimos los cineastas regionales que vivimos y desarrollamos nuestra actividad cinematográfica en las regiones fuera de Lima. Porque para eso se crearon los concursos y las categorías exclusivas para lasregiones: para apoyar los polos de producción existentes en las regiones fuera de Lima de modo que se siga desarrollando la riqueza cultural que nosotros hemos expresado en nuestras producciones. Los concursos no se crearon para ‘alimeñar’a los cineastas regionales.”

En la misma ocasión Quispe reclama que resulta insuficiente y se presta a peligrosas ambigüedades como las que han venido sucediendo en concursos precedentes, cuando en el proyecto de ley se afirma que se destinaran no menos del 30% del presupuesto asignado para apoyar la actividad cinematográfica y audiovisual enel interior del país, de forma descentralizada. Por eso solicitan que la ley diga que el apoyo debe ser para los cineastas que viven y desarrollan su actividad en las regiones fuera de la capital. Coincido plenamente con este planteamiento, y creo que su inclusión en el texto de la ley es imprescindible, no habiendo justificación para postergar esa precisión a la reglamentación como se pretende equivocadamente con otros puntos.   

Sin embargo creo que ello es limitado porque lo que debería es replantearse este sistema de ayudas en su integridad, porque si de verdad se quiere descentralizado debe serlo desde su gestión, no dependiendo del Ministerio de Cultura de Lima sino organizado desde sus Direcciones Desconcentradas en las regiones o macroregiones, en coordinación con los gobiernos locales y regionales. Las ayudas debieran contemplar también apoyos no solo a la producción de obras sino a la distribución y exhibición local, fomentando espacios y circuitos paralelos a los comerciales, muchos más concentrados –donde los hay- fuera de Lima, y en otras ventanas de acceso como la televisión y las plataformas digitales (recuérdese que el 2012 se organizó una primera muestra de cine regional en TVPerú). 

Adicionalmente, parte de esos fondos debería dirigirse a fomentar la capacitación profesional permanente de los cineastas, técnicos y artistas; y la formación audiovisual en la educación básica, tan o más imprescindible que en la propia capital. Hay experiencias al respecto en otros países: por ejemplo el INCAA destina parte de sus recursos anuales para promover el cine en toda amplitud en los diversos estados argentinos, más allá de Buenos Aires. Similares aspectos se contemplan en las legislaciones brasileña, mexicana, colombiana o venezolana, por citar las más activas.  

De otra manera todo esto que se dice de promover la descentralización y un verdadero cine nacional no pasara realmente del discurso o la frase inclusiva para la tribuna. Más que seguir haciendo concursos exclusivos ‘alimeñados’, mejor propiciar que se realicen en las propias regiones, para que los jurados –sean de afuera o locales- conozcan de primera mano la realidad que están juzgando. El centralismo no se supera solo con gestos sino con hechos concretos, como los mismos cineastas regionales nos lo han demostrado en los últimos años.  

Hubo una vez

 Por Christian Wiener Fresco

A la memoria de Javier Diez Canseco, en la lucha por el pan y la belleza
En recuerdo de Manuel Celis, que me acompañó ese día en el Congreso.

En estos días que se habla de la posibilidad de una nueva ley de cine en el Congreso me permito recordar lo que paso hace cinco años, cuando se aprobó la ley 29919, que modificó todo lo referente a los concursos de cinematografía de la 26370 para permitir la asignación de todos los recursos estipulados originalmente en la norma, y que en general es poco conocido en el gremio y más allá, pese a todo el tiempo transcurrido.

Corríael año 2012 y en el Ministerio de Cultura estábamos abocados con los gremios cinematográficos a la redacción de una ambiciosa nueva legislación de la cinematografía y el audiovisual peruano que contemplará no solamente la creación del fondo para el financiamiento de la actividad, sino otros aspectos medulares como la cuota de pantalla, mínimo de mantenimiento, descentralización, cautela de los derechos de los trabajadores del sector, cinemateca nacional, film commission, educación cinematográfica, creación depúblico, incentivo al cine cultural y articulación con los otros medios audiovisuales, entre otros temas que aspiraban a dotar a nuestro país de una legislación integral y moderna, acorde a los estándares de otras cinematografías en la región.

Paralelamente se estaban haciendo las gestiones para conseguir que la partida presupuestal para los concursos establecido en la ley actual se hiciera efectivo como la norma lo señalaba, monto que hasta ese momento y desde la entrada en vigencia en la Ley, en 1996, nunca los sucesivos gobiernos habían cumplido con entregarlo en su integridad.  Pero para dar esa cantidad la gente del MEF había puesto como condición que se modificara el texto de la Ley 26370, o de lo contrario se ejecutara tal como figuraba en su versión original del 94.

Resulta que en un principio la ley establecía que cada año se debían realizar dos concursos de largometrajes y cuatro de cortometrajes en los que podía premiar hasta tres obras en el primer caso y doce en el segundo, con un cantidad total que alcanzaba las 2008 UIT.  Sin embargo el Estado incumplió permanentemente en dar todos los fondos (se calcula que en dieciséis años solo se había asignado poco más del 28% de todo el dinero que correspondía por ley). Esta situación motivó que se redujeran los montos de los premios para los proyectos y obras establecidos en el texto legal, instaurándose los llamados “concursos extraordinarios”, como una forma más o menos informal para atender otros tipos de formatos y posibilidades no previstas en la legislación original, que se limitaba a cortos y largometrajes (cine regional, documentales, postproducción, distribución, etc.)

Habría que agregar además que las nuevas tecnologías de la producción y exhibición digital que ya se habían generalizado en ese momento volvían obsoletas algunos puntos muy restringidos en el texto de los años 90, dominado todavía por el celuloide tradicional.

Por tal motivo nos abocamos a redactar una modificatoria de la 26370 que permitiera poder seguir realizando e incluso incrementar las distintas categorías de los concursos, así como ajustar los requisitos y organización a los nuevos tiempos. Se esperaba que el texto no tuviera mayor objeción en el Ejecutivo por cuanto lo único que buscaba es la aplicación de la ley vigente, sin añadir un sol al presupuesto. No obstante ello, otra vez la gente del MEF busco aguar la fiesta y en una tensa reunión casi nos conminaron a que si queríamos sacar esa ley sin problemas debíamos retirar la mención a las 2008 UIT (que era la suma de todos los montos señalados en la 26370) en el proyecto para enunciar simplemente que el Ministerio de Economía y Finanzas proveerá cada año de los recursos económicos para la realización de los concursos, sin precisar ninguna cifra. Aunque éramos conscientes de lo que eso podría significar en el futuro, optamos por no hacer cuestión de estado en ese momento y esperar una mejor oportunidad, tal vez en el Congreso.

De esta manera, a los pocos días el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de modificatoria de la Ley, que con la firma del presidente Humala y el entonces primer ministro Óscar Valdez es enviado al Legislativo a inicios de mayo con carácter de urgencia. Allí se buscó recuperar la mención a los 2008 del presupuesto en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, pero por el afán de figuración y escasa capacidad de diálogo del presidente de la misma, el pastor Rosas, fue casi imposible. Tuvimos que esperar varias semanas y la siguiente legislatura hasta que por fin se incluyó en la agenda del Pleno para el 23 de agosto.

Ese día empezó temprano el debate del proyecto de modificatoria de la ley de cinematografía 26370 con una deslucida presentación del nuevo presidente de la Comisión, pero en el ínterin tomamos contacto con Javier Diez Canseco, ya separado de la bancada nacionalista, quien inmediatamente me preguntó qué era lo más urgente y yo le dije asegurar un monto de presupuesto, de forma explícita, y que debía ser lo que ya la ley contemplaba, es decir 2008 UIT.  Con la elocuencia y brillantez que lo caracterizaba, JDC planteó añadir la cifra al dictamen para que no quedara dudas de la obligación del Estado al respecto, recordando que en todo estetiempo los sucesivos gobiernos habían incumplido con entregar ese monto a pesar de estar estipulado en la norma del 94. El resto de intervenciones parlamentarias no cuestionaron esa propuesta, dedicándose a proponer agregados o correcciones, cuando no aprovechar para echarse un discurso en un tema siempre mediático, que revelaba, faltaba más, que salvo contadas excepciones, la mayoría de nuestros congresistas poco o nada sabían sobre la materia.  Al final se sometió a votación el dictamen con el agregado de los 2008 UIT y fue respaldado de manera casi unánime, con la solitaria excepción de Martín Belaúnde de

Solidaridad, que se abstuvo sin explicar porque. Todo parecía listo para que saliera de una vez al Ejecutivo, pero Martha Chávez hizo cuestión de estado sobre la necesidad de una segunda votación, lo que obligó a postergar su aprobación otras dos semanas, cuando por fin se votó de manera definitiva, ya sin mayor discusión.

Entre tanto, nos llegaban al Ministerio de Cultura rumores que algunos funcionarios del MEF no les había caído nada bien los cambios al proyecto original, que según algunos era lo que habíamos “acordado”, que es el eufemismo que usan cuando imponen sus decisiones solo por el poder de su chequera. Incluso se mencionó que podrían sugerir al presidente la observación de la Ley, lo que parecía sin embargo poco probable dado el consenso en las diferentes bancadas que había obtenido. Finalmente el 28 de septiembre salió publicado en el diario El Peruano el texto de la 29919 bajo el título de “Ley que modifica diversos artículos de la ley 26370, ley de la cinematografía peruana”, que incluía en su artículo 17:“el apoyo económico que acompaña a los premios es de un mínimo de 2008 (UIT) y se distribuye por el ministerio de Cultura con cargo a su presupuesto asignado en la Ley de Presupuesto de la República de cada año.”

Todas estas cosas me vienen a recuerdo ahora que se vuelve a discutir sobre la Ley de Cinematografía, y donde nuevamente el MEF resulta el gran decidor del país, y los gremios del sector parecen resignados a su poder y ortodoxia, diciendo incluso que “es la ley por la que han luchado tanto años los cineastas”, lo que saben que no es cierto porque de tantas supresiones, reducciones y eliminaciones, ha resultado un texto casi irreconocible, a no ser por contar con más presupuesto. No pretendo ponerlo como ejemplo o precedente, soy consciente que los momentos y circunstancias son diferentes, con otra propuesta, actores (en esos momentos la primera mayoría congresal seguía siendo del gobierno) y sin tanta visibilidad mediática.  Pero es bueno recordar la historia, en todas sus facetas, porque el esfuerzo por una verdadera ley de cinematografía no es de ahora sino de hace mucho. Para ello se requiere decisión de lucha y convicción de su necesidad y justicia, y no como un favor, donde no le debemos nada a nadie, y frente al cual no tenemos por qué aceptar como algo fatal que nos quieran imponer –sin siquiera discutir- nuestro futuro. ¿O es mucho pedir?