por
Christian Wiener Fresco
Era más que previsible que los funcionarios del
Ministerio de Economía y Finanzas se opusieran a la cesión de parte del
impuesto municipal para la constitución de un fondo de la cinematografía
peruana. como se preveía inicialmente en el proyecto de nueva ley de cine
elaborado por el Ministerio de Cultura y los gremios. Cualquiera que ha seguido el largo periplo de los cineastas por una nueva ley en los últimos 16 años, sabe que uno de los más grandes escollos para el cambio de la situación delcine peruano provino siempre del MEF, reacios a dar los recursos necesarios para las actividades culturales, y negándose a toda iniciativa que signifique una mínima autonomía económica.
Pero cuando los funcionarios del Ministerio de Cultura presentaron su proyecto inicial legislativo en mayo pasado, parecían muy seguros que esta vez el gobierno le darían por fin luz verde a la propuesta de quedarse con el 50% del actual impuesto municipal para el fondo, y lo restante iría en beneficio de las empresas exhibidoras, con una disminución de su carga impositiva. Todo al parecer fue más deseo que realidad, porque en Economía volvieron a decir no a esta vía, proponiendo en su reemplazo un incremento presupuestal de los 2008 que se entrega con la ley 26370 a 6000 UIT, sin fondo y nada de autonomía.
El cine peruano tampoco ha sido ajeno a este tributo.
En 1962, en el segundo gobierno de Prado se promulgó la Ley 13936 que liberaba
de todo impuesto a las salas cinematográficas que exhibieran películas peruanas
de largometraje, concediendo esos ingresos a las empresas productoras
nacionales. Una versión mejorada fue la propuesta por el decreto ley 19327 del
gobierno militar de Velasco que extendía parte de esa exoneración tributaria a
la exhibición de cortometrajes, beneficiando con un tanto por ciento de ese
tributo a quienes realizaron estas obras que durante veinte años sustentó gran
parte de la producción nacional. Fue recién con la derogatoria de esta última
ley con Fujimori y la dación posterior de la 26370, que nos rige hasta hoy en
día, que el impuesto municipal salió del radar, aunque no del interés, del
sector.
Hay que recordar que durante muchos años el impuesto
municipal fue el único tributo al que estaba sujeto el negocio cinematográfico.
Eso explicaba que las autoridades ediles cumplieran una serie de acciones de
control como la aplicación de la restricción para menores determinadas por los
organismos de supervigilancia, la limpieza y cuidado de las salas, y hasta la
calidad de las proyecciones, teniendo para tal efecto un grupo de butacas
reservadas para los empleados municipales en cada sala. Pero la crisis de las salas tradicionales de
exhibición, y la transformación del negocio en las multisalas ubicadas en
centros comerciales comenzó a hacer irrelevante y hasta obsoleta la presencia
municipal, al desaparecer la calificación de las películas, y la posibilidad de
sanción a una sala por cualquier afectación al espectador corresponder a
INDECOPI. En palabras de abogado: “la generación de externalidades negativas
que afectaban a las municipalidades y que sustentaban la existencia de un
impuesto de esta naturaleza no se da en la actualidad”. En los 90 las salas fueron gravadas con el IGV –con lo que contaban con dos tributos- y el del municipio se redujo al 10%, que a pesar de varios intentos por reducirlo, reconvertirlo o eliminarlo, sigue allí para beneficio de un puñado de distritos (algo así como el 2.5% de todas las municipalidades del país) donde hay salas de cine.
Este tributo, que se denomina impuesto a los
espectáculos públicos no deportivos y que supuestamente se dirige a todo evento
público en un lugar cerrado hoy solo se sigue aplicando para el caso de los
cines (que ya cumplen con otros pagos de ley a los municipios como cualquier
negocio), las carreras de caballos y los espectáculos taurinos, ya que han sido
exonerados del mismo los espectáculos de folclor
nacional, teatro cultural, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera,
opereta, ballet y circo; así como los conciertos de música en general,
incluidos los de grandes bandas y estrellas internacionales.
¿Estas
exoneraciones han puesto en crisis a las arcas municipales? Por supuesto que
no, así como tampoco lo haría que el impuesto municipal –que al fin y al cabo
es muy pequeño y repartido- se dedique a otros fines. En todo caso, si el MEF
quisiera realmente impulsar el cine peruano sin afectar a las municipalidades,
pudo haber transferido el monto que piensa dar de manera directa para el cine
al Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), la misma que podría destinarse
en mayor cantidad a los distritos con menos recursos y posibilidades que
aquellos que disponen de salas de cine que le rinden dinero fácil.
Todo lo cual confirma que la oposición
de los funcionarios del MEF a permitir la creación del fondo con parte del
impuesto municipal no tiene ninguna motivación técnica o de preocupación por
las municipalidades, sino estrictamente ideológica. No es cierto, como quieren
decir sus representantes legales, que va contra la ley eso de crear fondos y
destinar parte de los tributos a otros fines. Es lo que se llama ingreso
parafiscal, que está perfectamente legitimado por el artículo 74 de la Constitución y la sentencia
del Tribunal Constitucional del 2004 que establece que “el Estado puede
promover las manifestaciones culturales, legítimamente, mediante el ejercicio
de la potestad tributaria; por cuanto que los fines económico, sociales,
políticos y culturales son también objetivos a cumplir con la imposición de
tributos o con su exoneración.” Fondos con tributos parafiscales hay varios
vigentes en la actualidad, como el Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional que se financia
con un tributo en los pasajes de avión para vuelos nacionales, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
(FITEL) con un porcentaje del monto anual de facturación de los servicios
portadores de comunicación, o el Fondo de Compensación Social Eléctrica,
también con un recargo en la facturación por este servicio, entre otros
ejemplos. Y recordemos asimismo la Ley Nº 27153, que recaba recursos directos
de los juegos de casino y tragamonedas para financiar actividades del Instituto
Peruano del Deporte (algo similar a lo que sucede en la patria del liberalismo, el Reino Unido, donde la cultura se gestiona con fondos de la loteria nacional)
La verdadera
razón entonces porque se han opuesto y oponen a esta posibilidad los
funcionarios del MEF es por puro dogmatismo neoliberal, para que no se establezca precedente, y cunda
el posible ejemplo en otros sectores. Hace unos años, cuando se discutía el
anterior proyecto de cine, una alta funcionaria de ese portafolio admitió que
su oposición a esta medida era más de principios que legal o siquiera técnica,
por su negativa a lo que llamaba impuestos dirigidos. Y reconoció que si una
autoridad superior a ellos establecía su aplicación, solo les quedaba acatarla
como ha sido con otras medidas. El problema es que esa autoridad con pantalones
y visión de cultura no la hemos tenido ni la tenemos en el poder, y esa es la
causa porque estamos como estamos. Por eso, como lo hemos dicho en otras oportunidades, sin una voluntad política al más alto nivel, la cultura seguirá siendo la última rueda del coche.
En buena cuenta, y por defender su
ortodoxia de libre mercado y no intervención estatal, los aprendices de
“Chicago Boys” han terminado proponiendo triplicar el presupuesto del sector
con dinero de las arcas fiscales, lo que en principio puede sonar atractivo
pero ya sabemos que es enormemente frágil y va a depender de su buena voluntad y
la disponibilidad de dineros cada año, porque la propia experiencia de la
actual ley lo ha demostrado, se puede incumplir esta asignación y no pasa nada.
Lo más paradójico es la furibunda reacción de sus mismos colegas ideológicos en los medios, recordando las siempre incumplidas urgencias presupuestarias en el país, y la falta de dinero para apoyar a otras actividades, incluso culturales, y de las que ahora recién se acuerdan. Todo sea por la ortodoxia.
