martes, 26 de noviembre de 2013

Cuando el cine era una fiesta: la producción peruana de la Ley 19327

por Christian Wiener*


Se dice, con razón, que una ley de cine no hace películas. Pero también es cierto que sin una legislación que promueva la actividad, resulta muy difícil llevarlas a cabo y estrenarlas, en especial en países de tan poca tradición y  desarrollo en la materia como el Perú. Una buena prueba de ello es lo que da cuenta este libro, pues hasta antes de la dación del Decreto ley Nº 19327, conocido también como Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica, la producción fílmica en nuestro país era casi un páramo, con algunas  honrosas excepciones personales, como el afán pionero y desusado de Armando Robles Godoy, la vocación de registro cultural andino de la llamada “Escuela del Cusco” y algún que otro sobreviviente de la época primigenia y dorada del cine nacional, cuando se pensaba que las películas peruanas eran capaces de competir en el mercado latinoamericano con los florecientes cines argentino y mejicano.


Como consecuencia de la norma, se empezaron a producir películas de cortometraje y largometraje que permitieron la aparición gradual y experticia profesional de decenas de realizadores, productores, equipo técnico, además de  actores y actrices, en un país carente de escuelas de cine y de una mínima infraestructura industrial en este campo. La 19327 facilitó, además, el acceso del cine peruano a las salas comerciales, tradicionalmente reacias a su difusión, y que la imágenes del Perú y los peruanos se confronten permanentemente con su público natural, lo que no estuvo carente de resquemores, pero que logró convocar en 20 años de vigencia, a un importante y continuo segmento de espectadores, al punto que no pocas películas acogidas a esta Ley resultaron grandes sucesos de taquilla en su momento.

La ley fue promulgada por el gobierno militar que presidía el General Juan Velasco Alvarado, y sobrevivió a los gobiernos del General Francisco Morales Bermúdez, Fernando Belaúnde Terry, Alan García Pérez y los dos primeros años de Alberto Fujimori. Su iniciativa correspondió a un grupo de productores y cineastas, que propusieron al Congreso de 1967 la aprobación de una ley de promoción al cine nacional; la que por fin se concretó 4 años después, enmarcándose dentro de la política del régimen castrense de protección a la industria peruana, consolidación de la identidad nacional e intervención en los medios de comunicación masiva.

Los principales beneficios de esta legislación fue la creación del sistema de exhibición obligatoria  para las películas nacionales de largo y cortometraje, calificadas por la Comisión de Promoción Cinematográfica (COPROCI), dependencia formada por representantes de diversas instancias del Estado. El otro incentivo fue el tributario, con la deducción en todo o en parte del impuesto de destino municipal a las entradas de cine, en beneficio de las empresas productoras peruanas, así como exoneraciones para la importación y exportación de equipos y copias de películas.  Lo que se buscaba era garantizar el acceso de la cinematografía peruana a un mercado fuertemente dominado por la producción foránea, promoviendo la formación de nuevos productores, realizadores, técnicos y artistas, y el establecimiento de una mínima base industrial, con la  producción intensiva de cortometrajes.

Por supuesto que el dispositivo legal tuvo también sus detractores, siendo los principales, las empresas de exhibición y distribución, las cuales apelaron al entonces vicepresidente de la Motion Pictures Association (MPAA) –consorcio que reúne a todas las grandes productoras norteamericanas- para evitar su promulgación, aunque sin mayores resultados. Su principal objeción fue la “obligatoriedad” de la exhibición, que consideraban atentatorio a la libertad de comercio, lo que se tradujo en frecuentes fricciones con las empresas productoras a la hora del estreno. Tal vez ese sea el origen de la leyenda negra que se tendió sobre la ley, presentándola como norma proteccionista, contrapuesta a los espectadores, que la rechazaban masivamente, lo que no fue cierto en la mayoría de los casos.  

Es cierto que la 19327 tuvo carencias y limitaciones propias de su tiempo, y no fue ajena, como otras disposiciones, al uso aprovechado e inescrupuloso de quienes no le interesaba el cine, buscando hacer negocio fácil y rentable, especialmente en los primeros años que se contaba con una COPROCI complaciente y burocrática, sin mayor conocimiento del séptimo arte, lo que fue cambiando, para bien, al modificarse en años posteriores su composición. Tampoco se previó que el otrora exitoso negocio del cine, entretenimiento popular por excelencia, entrara en un grave deterioro en la década de los años 80, con los apagones, la crisis económica, y el cierre de salas, que llevaron a reducir significativamente el ingreso para las películas y la posibilidad de capitalización para seguir produciendo, indispensable en un mercado carente de fuentes de financiamiento para este fin.   

Pero pese a todo, ahí están los resultados numéricos de la Ley: 1254 películas aprobadas en 20 años por COPROCI, de las cuales el 76% fueron cortometrajes y 4%  largometrajes, producidas por 207 empresas. Y en lo cualitativo, las decenas de reconocimientos y premios obtenidos por las películas nacionales en muestras y festivales de todo el mundo, colocando por primera vez el nombre del Perú en la vitrina de los grandes eventos cinematográficos internacionales. Todo lo cual se terminó abruptamente en las fiestas navideñas, de 1992, cuando el gobierno de Alberto Fujimori, con su ministro de Economía Carlos Boloña, liquidaron de facto la 19327 con el Decreto Ley 25988, denominada Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, que en su artículo 4, inciso g) derogaba los artículos principales que habían impulsado la producción y exhibición del cine nacional.
 
Han pasado cuarenta años de la promulgación del Decreto Ley 19327, y ya es tiempo suficiente como para avanzar a un juicio más equilibrado y sereno de cuanto y como influyó esta medida en el desarrollo de la cinematografía peruana. Para ello, será indispensable recurrir a este libro, cuyo título,  “Cuando el cine era una fiesta” es casi una profesión de fe y convicción de lo que significaba hacer películas en esos años heroicos que se construían los cimientos de la producción nacional, y el público aprendía a reconocerse en sus propias imágenes y sonidos.

Es gracias a Nelson García Miranda, realizador, crítico y promotor cinematográfico de larga data,  que tenemos a la mano este libro con una amplia información estadística y fichas minuciosas y reveladoras sobre las películas, con las empresas y trabajadores que lo hicieron posible, producidas y exhibidas en el Perú entre los años 1973 y 1992.  Soy testigo del incansable trabajo de Nelson por llevar adelante este texto desde la segunda mitad de la década de los 80 allá en IPAL, y todos los avatares que ha debido soportar en todos estos años por materializarlo, con diversas ofertas y promotores frustrados, más aún cuando era casi tabú hablar sobre la 19327, y no faltaban cineastas forjados en esos tiempos que preferían negar su pasado, cuando se creía que la ley posterior, la 26370 dictada por Fujimori, era la panacea, lo que no fue así, como su desarrollo y aplicación lo demostró reiteradamente.


Es gracias a la información y  aportes de los cineastas e investigadores, pero sobre todo al trabajo de recopilación de hormiga de Nelson, y su encomiable paciencia y terquedad para revisar los archivos periodísticos y de la COPROCI, que el libro se hace a la luz, tras mil y una vicisitudes que parecen extraídas de una larga saga de “thriller” que, por suerte, esta vez tuvo un final feliz. Hay que saludar el esfuerzo tesonero del autor, en un país de abandonos prematuros, y agradecer también la colaboración para este propósito, entre otros, de Francisco Adrianzén para animar su publicación, Violeta Nuñez en la corrección, cuidado y edición del material y el Grupo Chasqui en su publicación.  Ojalá que este libro sea óbice también para recuperar gran parte de las películas mencionadas, que se encuentran pérdidas, olvidadas o abandonadas a lo largo y ancho del país, y que resultan tan necesarias para reconstruir nuestra todavía incipiente memoria audiovisual.  Sería el mejor homenaje para este gran esfuerzo editorial. 

* Texto incluido en la introducción del libro "Cuando el cine peruano era una fiesta: la producción de la Ley 19327" de Nelson García Miranda (publicado con el apoyo del grupo Chaski. Lima - 2013). 

martes, 8 de octubre de 2013

La tremenda corte mediática


Por Christian Wiener Fresco

Los medios de comunicación y periodísticos gustan de calificarse, pomposamente, de “cuarto poder”, en referencia a su innegable peso social y político, más aún en una sociedad fragmentada y tan poco institucionalizada como la peruana.  Parece sin embargo que ese título no le bastara a ciertos medios y periodistas, que no dudan en autonombrarse también en representación de los otros poderes del Estado, léase Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

De esas atribuciones, sin duda, la más peligrosa es la Judicial, que es cuando los medios se invisten de fiscales y jueces para acusar, procesar y condenar sin mayores tramites a cualquier persona, conocida o no, que tiene la poca fortuna de caer bajo sus fauces carroñeras y su linchamiento mediático.

El último de los casos es el de Eva Bracamonte, que sin pruebas ni razones más que el odio enfermizo de su hermano, estimulado por la gran mayoría de los medios televisivos e impresos que lo convirtieron en uno de sus mimados invitados, terminó purgando carcelería, condenada a 20 años y acusada de ser la presunta autora intelectual del asesinato de su madre. Sentencia que finalmente fue revertida por la Corte Suprema, ordenando un nuevo juicio en vez de archivarlo como correspondía, entre otras razones esgrimidas por el juez, por su “repercusión mediática”.   

Otro sonado caso es el de Rosario Ponce, perseguida y acosada durante años para culparla de la desaparición de su novio, Ciro Castillo Rojo, en el Colca arequipeño. El padre de la víctima, convertido en cancerbero implacable de la muchacha, fue el caserito de la prensa de los diversos colores que alimentaba el morbo con dosis de melodrama, sazonado con teorías y especulaciones conspirativas, cada una más estrafalaria que otra, hasta que finalmente la falta de pruebas y el sentido común obligó a la fiscalía a desestimar la absurda acusación, para desesperación de quien parecía no tener escrúpulos para usar su tragedia personal, transformándola en trampolín político. 

Estas son las figuras más emblemáticas  que sufrieron en los últimos tiempos el acoso de la jauría periodística, pero no parecen ser las únicas, ahí están también, por si no se recuerda, Abencia Meza y Guiliana Llamoja, entre otras que ilustraron los tabloides con más avidez y persistencia  que en los propios expedientes policiales y judiciales.

En todos los ejemplos mencionados coinciden que las sindicadas eran mujeres independientes, desafiantes y de sexualidad libre, lo que pareció desatar todos los prejuicios y resquemores de una prensa que se precia de liberal y moderna, pero que en realidad es de moral conservadora y ultramontana.

Uno se podría preguntar, además, porque la cacería implacable que descargaron los medios durante tanto tiempo contra ellas, no se aplica con la misma severidad a los integrantes de la barra brava, presuntos responsables de la muerte del joven Walter Oyarce en el estadio Monumental, los efectivos policiales implicados en sospechosas muertes en las comisarías, o el obispo sospechoso de pedofilia retirado por el Vaticano.  Para no hablar de los escándalos en el ámbito político, donde cada medio destaca lo que le interesa o conviene a sus fines  y odios selectivos, silenciando o minimizando lo que se relaciona a los políticos de su simpatía. 

El asunto de fondo, a fin de cuentas, es que nadie ha nombrado a los medios y periodistas como los grandes decidores sobre la inocencia o culpabilidad de la gente en su corte mediática. Nadie les niega el derecho a investigar,  informar y hacer el seguimiento de los hechos de resonancia pública, pero de allí a montar campañas de verdadera cacería de brujas, difamando a diestra y siniestra por ganar más puntos de rating  o  alzar su tiraje diario, hay la abismal distancia entre la práctica periodística seria y responsable, o la degradación del oficio al nivel de la calumnia y la mentira.


Finalmente, si los medios se reclaman el “cuarto poder”, deberían someterse, como todos los otros poderes, al permanente escrutinio público, dando cuenta a la ciudadanía de sus acciones y no, como ahora, valiéndose de argumentos que pretextan una sacrosanta libertad de prensa, que les permite atacar y difamar honras de manera impune porque vende y eso, en última instancia, parece ser lo único que importa en los tiempos que corren.     

miércoles, 2 de octubre de 2013

El valor del cinismo

Por Christian Wiener Fresco

¿Hasta dónde puede envilecerse la televisión en el Perú? Se pensaba que luego de la degradante experiencia fujimorista, con la línea de los canales vendidos al gobierno de turno, y la proliferación de los programas telebasura, no se podía caer más bajo;  pero nos equivocamos, siempre se puede descender más en el amarillaje, la chabacanería y el uso más ruin de un medio de  comunicación.

El mejor ejemplo de lo que decimos es “El valor de la verdad”, el programa de Frecuencia
Latina y conducido por Beto Ortíz, que ya va por su segunda temporada en el aire.


En la primera temporada, como se recordará, el objetivo fue ventilar las intimidades de los anónimos, los aspirantes a los 15 minutos de fama en la vida que decía Andy Warhol, dispuestos a revelar cualquier cosa con tal de alzarse con el premio monetario y la momentánea celebridad pública. Pero quiso el destino que las cosas se salieran del libreto, con el asesinato de una de sus concursantes, que aunque trataron de limpiarse de responsabilidades, igual terminó salpicándolos.

Por esa razón, en la segunda temporada optaron por convocar a personalidades conocidas, lo que incluyó a representantes de lo más impresentable de la clase política (Kenji Fujimori, Rómulo León) en operación de lavado y reencauche de sus trayectorias e imágenes; y luego, a lo más graneado de la farándula limeña, aquella que cotidianamente airea su vida y miserias en la prensa de cincuenta céntimos y los programas de chismes. En estos últimos casos, las “revelaciones” de los invitados al programa actúan como caja de resonancia para nuevos escándalos y comidilla en los medios, que fagocitan de su presencia en las portadas, alimentando las cortinas de humo que alimentan su rating y tiraje.       

Desde el momento que la “verdad” se convierte en un valor y se quiere hacer show con la supuesta sinceridad de la gente, estamos ante un grave problema de inversión de valores, convirtiendo lo que debiera ser un tema de conciencia personal en asunto mercantil, para medir cuanto estas dispuesto a confesar en público con tal de ganarse un dinero extra o reubicarse en el espacio mediático. Nada hay sincero en el formato del programa – como tampoco lo hubo en los “talk shows” de la inefable Laura Bozzo- desde el aparato seudo científico que certifica las respuestas, hasta las motivaciones de los concursantes y obviamente la del conductor, convertido por cuenta propia en gran juez de una verdad que la maneja a discreción.

En realidad, más que la “verdad”, con todo lo discutible que es ese concepto y su alcance, lo que el programa estimula es el valor del cinismo, convertido en santo y seña de una sociedad consumista e individualista que se cree por encima de las reglas de los demás y capaz de transgredirlas porque no cree en ellas. Sin embargo, y como ha sido señalado por Juan Carlos Ubilluz[1], tomando como referencia los textos de Lacan y Zizek,  “el individualismo posmoderno produce una personalidad pendiente de la aprobación de los demás”.

Y claro, en un país que ha procreado a personajes campeones del cinismo y la autocomplacencia narcisista como Montesinos, Fujimori, García, Castañeda y un largo etcétera; no es extraño que la verdad tenga un valor tan degradado y se pueda banalizar para colocarse al precio del mejor postor.

En todo caso, si el show debe continuar, esperamos que en la tercera temporada se presente un verdadera sinceramiento del medio, y que los primeros que empiecen a desfilar por el set sean, aparte del controvertido animador, los ejecutivos y “broadcasters” televisivos, anteriores y actuales, para que nos empiecen a contar toda la verdad de cómo llegaron a controlar los principales medios vendidos a la corrupción.

Tal vez así empezaremos a creer que hay algo de verdad en el negocio de la televisión peruana.             
 



[1] Nuevos súbditos. Cinismo y perversión en la sociedad contemporánea.  Juan Carlos Ubilluz Raygada. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 2006.  

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Cine peruano diferente


Por Christian Wiener Fresco


Por una fortuita y difícilmente repetible coincidencia, esta semana se presentan dos estrenos nacionales en las salas de cines del país.  “El espacio entre las cosas” de Raúl del Busto en tres pantallas de Lima y “Chicama” de Omar Forero en salas de los norteños departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura. 


Más allá que ambas películas sean peruanas, lo que es poco frecuente por no decir excepcional en nuestras colonizadas pantallas comerciales, está el hecho que las dos producciones son propuestas arriesgadas, personales, que apuestan a un cine creativo, no complaciente ni convencional, marcando diferencias con gran parte de lo hecho por el cine peruano anterior y actual.

Del Busto y Forero son realizadores que han realizado una carrera previa con sus propios esfuerzos y recursos, incluyendo largometrajes en formato digital exhibidos en circuitos culturales y muestras de cine independiente (“Detrás del mar” del primero y “Los actores” y “El ordenador” del segundo). Representan de alguna manera y sin proponérselo, a dos espacios de la producción considerados durante mucho tiempo como marginales frente a quienes se calificaban de “cineastas de verdad”, como señaló en alguna oportunidad un conocido ex congresista, en referencia a quienes eran beneficiados por los premios para la producción a través del ex CONACINE.

Ellos se ubicaron más bien en lo que dio en llamarse el cine independiente o experimental y el cine regional, expresiones que recién en los últimos años lograron ser reconocidas por el Estado, permitiendo que sus últimas producciones pudieran acceder a premios que le facilitaron culminarse con mejor acabado técnico y disponibilidad financiera para la campaña de estreno.

Ambos filmes han recibido reconocimientos importantes. El filme de Del Busto obtuvo mención honrosa en la competencia internacional del Festival de Lima Independiente, otorgado por el Jurado presidido por el ganador de la Palma de Oro en Cannes, Apichatpong Weerasethakul. El film de Forero, por su parte, obtuvo 5 premios en el Festival de Cine de Lima del 2012, incluyendo menciones especiales del Jurado y la Crítica internacional a la mejor producción nacional. Obtuvieron, además, premios para la producción y distribución del Ministerio de Cultura que les permitieron su llegada a las salas de estreno. 

“El espacio entre las cosas” es una película sensorial, no narrativa, donde las imágenes y sonidos nos invaden, dialogan, se enfrentan y terminan revelándote un mundo hipnótico y suspendido entre lo que percibimos y sentimos, a la manera de un Tarkovsky, pero sin perder esos rasgos de identidad y extrañeza que lo hacen peruano y universal al mismo tiempo.

“Chicama” es un filme en apariencia más convencional, ya que responde a un relato lineal, con personajes definidos y una estructura aristotélica; pero detrás de esta sencilla historia de esfuerzo e integridad de un profesor en las serranías de La Libertad y las dificultades de la educación rural, se traduce la sensibilidad de un realizador preocupado por la humanidad de sus protagonistas y su viaje exterior (e interior).

Sobran motivos para apoyar estas películas y que el público que busca un cine peruano diferente asista a verlas pronto, porque el negocio cinematográfico es implacable para aplicar las leyes del mercado cuando de cine local se trata. Recomendación que también extendemos a próximos estrenos nacionales con buenas referencias como “El evangelio de la carne” de Eduardo Mendoza y “Roncarol 68”de Gonzalo Benavente, que ya anuncian sus estrenos para el mes de octubre.



PD.- Entregado el artículo nos enteramos que una vez más, una empresa exhibidora, en este caso Cineplanet, había maltratado la exhibición de la película peruana, “El espacio entre las cosas” al suspender funciones en la primera semana en cartelera, entre otras acciones de abierto boicot, y no obstante las condiciones leoninas en cuanto al porcentaje impuesta a la empresa productora. Este abuso es resultado de la indefensión del cineasta nacional ante el silencio de las entidades como el ministerio de Cultura e INDECOPI que deberían intervenir en este caso,  más aún porque los exhibidores ni siquiera cumplieron con respetar la primera semana de exhibición que mandata la Ley 26370, al estipular un trato similar en su difusión comercial del cine peruano que el cine extranjero.  Todo lo que hace urgente una nueva y efectiva Ley de Cine que consagre por fin la cuota de pantalla y el mínimo de mantenimiento para cautelar al cine nacional en su propio país.

domingo, 15 de septiembre de 2013

El juego del monopolio

Por Christian Wiener Fresco

La reciente adquisición del 54% de las acciones del Grupo de la Empresa Periodística Nacional (EPENSA) por parte del Grupo El Comercio, viene provocando inquietud y malestar en la competencia periodística, sectores políticos y empresariales, y buena parte de la opinión pública. Y es que como ha sido señalado, con esta operación financiera, el grupo que lidera el viejo diario fundado en 1839 por el chileno Manuel Amunátegui y el argentino Alejandro Villota, y que luego fue adquirido por la familia Miró Quesada, pasa a controlar el 78% del total de la venta de diarios en el país, adquiriendo una posición de dominio casi monopólico en el mercado de la prensa escrita peruana.   

por el predominio monocorde de una posición ideológica en la prensa nacional, amenazando la independencia de los periodistas y “opinologos” (Ollanta dixit) que osen disentir del todopoderoso consorcio, y reduciendo drásticamente las opciones de acceso diferenciado para el gran público. Las implicancias del monopolio afecta también el manejo publicitario, que restringiría a un solo cliente la oferta de avisaje disponible, y le daría a sus directivos un gran poder de decisión (y veto) no solo en el campo político sino en (casi) todas las áreas, con todos los peligros y arbitrariedades que eso puede conllevar.


Sin embargo, y con todo lo preocupante que resulta esta movida, no es la única expresión de la creciente concentración de medios en el Perú. En la radio, por ejemplo, se han consolidado en esta década  los conglomerados del Grupo RPP  y la Corporación Radial del Perú que controlan en conjunto más del 60% del mercado de la radiodifusión en Lima (repartiéndose cerca del 80% de la torta publicitaria) 

Pero lo más grave se presenta en el campo de la televisión, donde a pesar de la precariedad de la mayoría de gestiones empresariales (con “broadcasters” descendientes de quienes se vendieron a Montesinos en los tiempos de Fujimori, o de administraciones poco claras que se cocinaron en los años posteriores) fueron beneficiados, gracias a la generosidad del ex ministro aprista  Enrique Cornejo, con la repartija de frecuencias para la televisión digital, a fin de consolidar y ampliar su actual dominio del espectro televisivo, todavía analógico.

Un proceso manejado con el mayor de los secretismos, sin ponerse a licitación pública la asignación,  como correspondía, y con el subterfugio eufemístico de “decisiones técnicas” (como la incorporación de la alta definición), cuando en realidad eran políticas, si es que no tenían también otras motivaciones.

Todo lo contrario de lo que se ha llevado a cabo en otras países como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Uruguay o Venezuela, donde la discusión sobre el cambio a la televisión digital no se ha limitado solo al aspecto tecnológico entre especialistas, sino motivó un amplio debate político y social, con participación de la ciudadanía,  sobre el rol de los medios ante la posibilidad de apertura de más y mejores alternativas televisivas que ofrece este nuevo sistema. Como se decía en Brasil, no se trata de “más canales para O’Globo” (en referencia a la poderosa red mediática brasileña) sino de “más canales para competir con O’Globo”. Por esa razón, se promueve en estos países, además de los existentes, la incorporación de canales comunitarios, cooperativos y regionales para democratizar de manera efectiva la pantalla.

Estos debates también se han dado, con sus particulares características, en Europa, Japón, Canadá y hasta en los Estados Unidos,  donde una población activa y vigilante ha presionado a los congresistas para que resistan el lobby de las grandes empresas televisivas y publicitarias.

Pero en el Perú, el tema viene pasando casi desapercibido, porque ni a los medios beneficiados (entre los cuales también se encuentra el Grupo El Comercio) ni a los políticos, sea por conveniencia o temor, les conviene alterar el statu quo vigente. Y la inconsecuencia empieza por el propio Ejecutivo y su bancada legislativa, ya que en su plan de gobierno prometió una ley que estableciera “la conformación de un consejo público −con presencia de la sociedad civil− que se encargará de evaluar las concesiones del espectro radioeléctrico que incluyen a la radio y televisión digital”,garantizando una “distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales”. En dos años de gobierno, empero, ni siquiera se ha hecho el intento de revisar lo actuado por su antecesor en ese campo.


La gran pregunta es ¿y quién le pone el cascabel al gato (del despensero)?


PD.- Esta semana ingresa a cartelera dos películas peruanas diferentes y exigentes, "El espacio entre las cosas" de Raúl del Busto y "Chicama" de Omar Forero, que recomendamos, no solo por su nacionalidad sino por su calidad y audacia para proponer otro tipo de cine en el país. Vayan a verla pronto, porque difícilmente duraran mucho en cartelera. Después no nos quejemos por la calidad de nuestras películas, o que estas tengan que buscar coartadas fáciles para llegar al público.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

Con la música a la radio

Por Christian Wiener Fresco


Hace algunos días conversaba en un taxi sobre la proyecto para fijar un porcentaje mínimo de música peruana en las estaciones de radio. Mientras yo defendía la iniciativa, arguyendo la discriminación de nuestros artistas frente a los extranjeros, el chofer me insistía que no le parecía necesaria la iniciativa porque “las radios” pasaban harta música nacional. Y como evidencia de su afirmación, subió el volumen de la cumbia que estaba escuchando desde una emisora local.

La reacción de mi interlocutor es un buen ejemplo de como las percepciones al vuelo nos pueden llevar a conclusiones engañosas.  Porque efectivamente, si tomamos como referente a estaciones como “Fiesta”, “Karibeña” o “Radio Q”, cuya programación se centra en géneros como la cumbia peruana y la música andina, nadie podría sindicarlas de marginar a los artistas nacionales, ya que entre el 70 y 90% de su programa diario está dedicada a las obras de ellos. Pero la realidad cambia si revisamos emisoras como “Studio 92”, “Okey”, “Viva FM”, entre otras dedicadas al rock y la música contemporánea, donde la participación de los artistas nacionales no supera ni el 4% del total emitido por día, en el mejor de los casos.

Este es el fundamento de la iniciativa legislativa del congresista Sergio Tejada y otros parlamentarios del nacionalismo, con el Proyecto de Ley de “Promoción de la Música Nacional”. El mismo establece porcentajes mínimos de difusión de música nacional, así como de contenido indígena en la radiodifusión sonora que utiliza el espectro radioeléctrico de la nación. Esos porcentajes, denominados cuotas,  se determinarán de forma diferenciada para la radio comercial, educativa y comunitaria, así como para aquella estatal o pública.

De esta manera, en la radio comercial el porcentaje establecido es no menos del 35% de música nacional difundida diariamente entre las 6.00 y las 24.00 horas. Asimismo, en las zonas donde habitan pueblos indígenas, no menos del 10% de la programación diaria debe estar dedicada a música con contenidos indígenas. En las radios educativas, el porcentaje se eleva a 45% de música nacional y en la radio comunitaria se fija en 35%. Finalmente en las estaciones estatales o públicas el porcentaje será de 50% como mínimo. En todos los casos, no menos del 50% del total de material difundido en la cuota debe ser nuevo, es decir que no tenga más de 3 años de antigüedad.

La propuesta de Tejada, quien en su juventud fue guitarrista de la banda rock "Insecto Urbano”, recoge en gran parte la iniciativa de músicos y videocliperos,  lanzada a principios de este año, quienes hartos que sus obras sean discriminadas en géneros como el rock o el pop por las radios locales, demandaron la difusión de más música nacional y nueva en estos medios. Entre los promotores se encuentran Walter Cobos, Percy Céspedez, Alexei Vásquez y Piero Campaña, que impulsan el colectivo de nombre Haz que suene tu música Perú”.


Lamentablemente y como sucede con muchas otras leyes y normas, esas disposiciones se quedaron en lo declarativo, al no existir un ente que supervise su aplicación, pueda aplicar sanción, y en el reglamento se explicite los montos y penas estipuladas para los infractores. Lo que nos lleva a que más importante que una ley es su aplicación, porque la primera puede estar llena de buenas intenciones y propósitos, pero solo lo segunda asegura su ejecución y resultados, más allá de las presiones.


Lo que parecen olvidar estos objetores es que el espectro de radiodifusión donde operan las estaciones de radio y TV es propiedad pública, y que el Estado tiene el derecho de cautelar la presencia de un mínimo de producción nacional, en todos los géneros y estilos, en su uso por los operadores privados. Asimismo, evitar la discriminación de la música nacional, y en especial de los jóvenes y noveles creadores, es parte de las obligaciones de entidades como el Ministerio de Cultura, que tiene un novísima Dirección de Fonografía. Por último, la normano contravine acuerdos comerciales como los TLC u otros, porque se ajusta a las prácticas internacionales de “excepción cultural” que aplican otros países en defensa de sus industrias culturales para no ser vistas como mercancías, como  Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Francia e Italia; entre otros.

Por tanto, el proyecto merece todo nuestro respaldo y apoyo, y solo una atingencia o añadido, ya que estamos en la era del audiovisual, y que gran parte de la música pasa hoy también por la televisión: ¿por qué no se incluye a la pantalla chica también en el alcance de la propuesta? Digo, es un decir, como decía el poeta.

miércoles, 4 de septiembre de 2013

Dos más

Por Christian Wiener Fresco


Un par de buenas nuevas hubo esta semana. La primera fue la sanción impuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Frecuencia Latina debido al incumplimiento de las disposiciones del Tribunal de Ética con su personaje del “Negro Mama” interpretado por Jorge Benavides.

Como se recordará, a raíz de la emisión de un programa del “El especial del humor” en marzo
del 2010, el Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos (Lundu) presentó una queja por el contenido racista del mencionado personaje.


La queja fue derivada al Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), quienes en segunda instancia determinaron que los contenidos del personaje afectaban la dignidad de las personas e implicaban discriminación racial hacia la comunidad afroperuana; conminando a los responsables a dar las disculpas públicas.

Pero como quiera que el canal se limitó a decir en sorna cosas generales y sin reconocer responsabilidades, y encima atacaron con argumentos discriminadores a Lundu; estos elevaron su queja al MTC, quefinalmente falló a su favor, imponiéndole  una multa a la empresa Compañía Latinoamericana de Radiodifusión de 20 UIT (74 mil soles).

Es la primera vez que un programa de televisión en el Perú es sancionado por su contenido racista, creando un positivo precedente para el futuro. Ya en una nota anterior hacíamos notar lo contradictorio que era que un local pudiera ser sancionado por prácticas racistas, pero los medios de comunicación no. Sin embargo, más allá de la pena económica, debe haber también una pena social y moral, que ayude a erradicar definitivamente de la televisión peruana estos mensajes, porque no es posible que se castigue al “Negro Mama” y se mantenga en las pantallas a la también denigrante “Paisana Jacinta”.

Todo lo cual nos lleva a la necesidad de tener una legislación más amplia y precisa sobre la materia, para evitar y sancionar, de ser el caso, cualquier tipo de discriminación o denigración por color de piel, opción sexual o cualquier otro motivo en los medios de comunicación, y que no solo se presenta de manera grotesca y ofensiva como en este caso, sino de formas más sutiles y sibilinas. Por supuesto no faltará, como en esta oportunidad, quienes aludirán a una supuesta intolerancia al humor y exceso de suspicacia de los denunciantes, porque reírte de ese otro que invisibilizas y desprecias ha sido siempre bien visto y celebrado en la Lima virreinal.

La otra buena noticia es la reacción positiva que ha tenido el estreno de “Sigo siendo, Kachkaniraqmi” de Javier Corcuera. Sabemos que los documentales no son precisamente fáciles de exhibir en los circuitos comerciales, más aún dedicado a la música peruana de la selva, los andes y la costa peruana, con artistas tradicionales como Máximo Damián, Raúl García Zárate, Jaime Guardia, Carlos Hayre, Félix Casaverde, familia Valleumbrosio y Susana Baca; entre otros. Si el chileno Patricio Guzmán decía que un documental es como el álbum de fotos de un país, en este caso, la película de Corcuera podría asemejarse a los discos de acetato de una imaginaria rockola de nuestra diversa y rica peruanidad. 

Y como la música es celebración, es precisamente eso lo que encontramos y gozamos en este viaje documental por el país, que para muchos será un descubrimiento, porque como bien lo hace notar mi amigo y realizador Edgardo Guerra, ya se ha perdido, por la infrecuencia en los medios masivos, ese hábito que en los años de los cortometrajes obligatorios antes de las funciones era frecuente, con trabajos sobre nuestros músicos, que nos permitían escuchar valses, mulizas, huaynos, tonderos o festejos. Es más, ojalá este éxito pueda animar a que se exhiba pronto de forma masiva “Lima bruja”, un singular retrato sobre cantantes criollos que se resisten a morir de Rafael Polar.


Es cierto que “Sigo siendo, Kachkaniraqmi” no ha logrado los picos de taquilla de los dos últimos estrenos peruanos, pero el hecho que convoque una importante cantidad de espectadores, y que gran parte de ellos queden satisfechos, es un buen síntoma de un país que empieza a reconocer su identidad y diversidad más allá de la comida. Al mismo tiempo, es una señal que en el cine nacional no todo se tiene que reducir a “A su mare” o “Cementerio general”; sino que hay mucho más, y mejor, por hacer y descubrir, sean documentales o ficciones.   

martes, 27 de agosto de 2013

Internet sin censura

Por Christian Wiener Fresco


Digamos que, pensado positivamente, la propuesta del congresista Omar Chehade y otros parlamentarios oficialistas, tras su proyecto de Ley “de protección del menor de contenidos pornográficos en Internet”, tendría en el fondo un propósito loable, que como su mismo nombre lo indica, trata de evitar que los menores de edad puedan acceder a contenidos pornográficos que, como sabemos, abundan en la red.

Sin embargo y como se suele decir, el infierno suele estar empedrado de buenas intenciones, y por eso conviene encontrarse alertas ante cualquier intentona de censura en un medio, sea el que sea, y por los motivos que sean.

En principio, no se cuestiona que se quiera “proteger” al menor de material indeseable, aunque sea discutible que se incluya en esa categoría solo lo pornográfico, o como se define en el proyecto: “contenidos sexuales explícitos o que, por el carácter obsceno, puedan afectar gravemente el pudor, excitar prematuramente o pervertir el instinto sexual de los menores de edad” y no, por ejemplo, lo que se refiere a la violencia, incluyendo torturas, golpizas o destrucción; que también son frecuentes en el ciberespacio.

Hay que recordar que desde el 2007 existe la Ley 28119, “que prohíbe el acceso de menores de edad a páginas web de contenido pornográfico ya cualquier otra forma de comunicación en red de igual contenido, en las cabinas públicas de Internet”. La intención de los legisladores sería ampliar esa prohibición a las conexiones caseras de Internet, pero adicionalmente tendría otros alcances e intenciones.

Lo que se plantea es que los proveedores de Internet coloquen obligatoriamente filtros previos para impedir el posible acceso al material supuestamente pornográfico por los menores en todo el país; lo que en otras palabras significa censura previa y bloqueo de contenidos, que contradice el precepto constitucional que garantiza la libertad de difusión sin previa autorización, censura, ni impedimento alguno.

Una alternativa más plausible es la que se aplica en Chile, donde la ley obliga a que los proveedores de acceso oferten esos servicios adicionales, pero no que lo apliquen indiscriminadamente, pudiendo garantizar el Estado que el costo de este servicio no significará un encarecimiento del mismo.

Caso contrario, todos aquellos adultos que no deseen ser bloqueados formaran parte de un registro oficial de “usuarios pornográficos”, lo que viola un principio elemental de privacidad y opción personal.

El absurdo es que, como cualquier usuario de Internet sabe, la red alberga miles de millones de páginas que se renuevan cada día, hora y hasta minutos; por lo que resultará imposible que la Comisión de Protección al Menor de Contenidos Pornográficos en Internet (COPROME), propuesta como revisora del filtro en el proyecto de ley, e integrada por siete honorables funcionarios, este en la posibilidad, siquiera remota, de manejar y discernir sobre tal cúmulo de información.

Aquí es donde salta el peligro de un proyecto como el que comentamos, porque con el pretexto de lo “pornográfico” u “obsceno” –que como sabemos son términos muy amplios y difusos- podría convertirse en una forma de impedir la libre circulación de información y contenidos críticos, y un arma para tratar de controlar la red y a quienes hacen uso de ella en sus diversas modalidades (twitter, facebook, flickr, youtube, tumblr), como, por ejemplo, convocando a marchas o protestas, así como las denuncias, revelaciones de autoridades, entre otros casos.    

Pero Chehade y los nacionalistas no son los únicos preocupados por amarrar la red, siempre con buenas razones de por medio. En el gobierno pasado, la congresista aprista Mercedes Cabanillas presentó un proyecto para regular a los blogs que fue calificado en su momento de “ley mordaza”; y ya con este gobierno, el pepecista Beingolea defendió un proyecto sobre delitos informáticos que afectaba gravemente la información privada.

Lo más grave de todo es que mientras nos distraemos discutiendo estos proyectos parlamentarios, el gobierno peruano sigue negociando el Acuerdo Transpacífico (o TPP) y del que casi nada se sabe, porque todo se maneja con la mayor de las reservas. No obstante, es vox populi que los Estados Unidos y sus grandes consorcios están abogando por poner mayores restricciones en el uso de la información protegida por el copyright y el bloqueo de contenidos, lo que significaría una reedición del proyecto de la ley SOPA, que movilizo en contra a tantos usuarios de Internet.


Y es que la libertad es para todos, o no es para nadie.      

miércoles, 21 de agosto de 2013

Runasimi para todos

Por Christian Wiener Fresco

Las lamentables declaraciones del gerente de Turismo, Cultura, Educación y Medio Ambiente de la Municipalidad del Cusco, Martin Romero Pacheco, en la última jornada del Encuentro Nacional de Cultura que se realizó en esa ciudad, y que le terminaron costando el puesto a los pocos días; han servido para reavivar un tema que la opinión pública y los medios conocen, pero de la que muy poco se habla.   


Hasta aquí, todo no pasaría de un incidente de uno de tantos funcionarios desubicados, que no duda en ventilar sus prejuicios racistas en público, con el agravante de trabajar en el sector cultura y residir en una región y ciudad con tanta historia  como para ser considerada como la “capital arqueológica de América”.

Sin embargo, lo dicho por Romero no es el único caso de este tipo de pensamiento al interior del Estado, que considera a la cultura y lo ancestral como un “estorbo” a la modernidad. En similares términos se han expresado en los últimos tiempos otros funcionarios respecto a la protección de nuestro patrimonio material e inmaterial, los derechos de los pueblos originarios a su cultura y territorio, o la defensa del medio ambiente y el ecosistema natural. Lógica que está en la base de los Decretos Supremos 054 y 060 de la PCM, que buscan festinar los trámites de supervisión y control de las autoridades de cultura y ambiente, para dar supuestas facilidades a la inversión pública y privada.

Las declaraciones de Romero sobre el quechua son compartidas por muchos en el país, sea en Lima, Cusco, Arequipa o Trujillo; aunque no todos tengan el coraje de manifestarlas en público. Sin embargo es un discurso profundamente enraizado en el inconsciente de sociedades racistas y colonizadas como la peruana, tanto desde el lado de los discriminadores como de quienes, para no verse discriminados, optan por tratar de esconder su identidad quechua hablante.

El desprecio por el pasado supérstite  puede en muchos casos  enmascararse con el tributo a los fastos de los restos imperiales que encandilan a los turistas.  Como señala la historiadora Cecilia Méndez, la república criolla glorificó a la aristocracia inca al tiempo que despreciaba al indio contemporáneo. Es el caso también de una institución oficial como la Academia Mayor de la Lengua Quechua, creada para cautelar la pureza del idioma de los incas, antes que para promover su uso, difusión y puesta en valor entre la población. 

Algo similar se podría decir de la labor que realiza la Dirección de Educación Intercultural y Bilingüe del MINEDU, más allá de los buenos propósitos y loables esfuerzos que animan a los que trabajan en esta área; al persistir en el equívoco de ver al quechua, y otras lenguas vernáculas, como elemento anclado en el pasado y de alcance restringido, que se debe cautelar casi por obligación, y no como factor vivo y dinámico, que hablan e identifican a millones de peruanos.

El gran reto de una política realmente inclusiva en esta área es no solo mantener o respetar el quechua y la diversidad  de lenguas del país, sino difundir e incorporar nuestra gran riqueza lingüística a toda la población; es decir, que salga del gueto idiomático al que lo ha condenado un Estado monolingüe y discriminador, para que nadie se vuelva a sentir avergonzado por usarlo sino todo lo contrario. Eso implicaría incorporar su enseñanza al currículo escolar y universitario y su uso a la práctica cotidiana de las instituciones públicas (de esa manera, los comunicados en quechua no serían la  excepción sino la regla) y porque no también, cada vez más de las privadas. Y por supuesto también, en los medios de comunicación, tanto escritos como especialmente orales y audiovisuales, que deberían ofrecer una programación cada vez más bilingüe e intercultural, como es la realidad de nuestro país.


Tal vez todo esto suene a utopía romántica e impracticable, pero si no empezamos a cambiar de enfoque en este tema crucial, volteando hacia ese otro Perú que está ahí pero no se quiere ver ni reconocer, no nos sorprendamos después cuando, más temprano que tarde, otro funcionario ya no hable de cáncer para referirse al quechua, sino simplemente se limite a un responso. 

martes, 13 de agosto de 2013

No uno sino muchos festivales

Por Christian Wiener Fresco

Desde el viernes 9 y hasta el sábado 17 de agosto, la atención de los cineastas, críticos, cinéfilos, cinemeros, curiosos y snobs de Lima y balnearios se traslada al Festival de Cine Latinoamericano que desde hace 17 años viene organizando el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

 Este año se presentan 272 películas de 42 países en diferentes categorías y secciones. La principal es la competencia oficial, tanto de ficción como documental, donde los jurados respectivos reconocerán a las mejores obras de este continente seleccionadas. Por Perú compiten en ficción “El evangelio de lacarne” de Eduardo Mendoza, “Rocanrol 68” de Gonzalo Benavente y “Viaje a Tombuctú” de Roxanna Díaz; estas dos últimas, operas primas. En documental figuran “Sigo siendo (Kachkarinaqmi)” de Javier Corcuera; “Retrato peruano del Perú” de Carlos Sánchez y Sofía Velásquez y “La huellas del sendero” del español Luis Cintora.

Fuera de competencia se podrá ver también otros dos documentales nacionales: “Nadie especial, de Juan Alejandro Ramírez; y “Responso para un abrazo, de Nora de Izcue.

Las secciones paralelas incluyen panorama del cine latinoamericano contemporáneo, selección de la semana de la crítica de Cannes, un ciclo de cine portugués y retrospectivas de la actriz y directora francesa Sandrine Bonnaire y al reconocido cineasta serbio Goran Paskaljevic. Mención aparte será la presentación de  “Buenos Aires, Verano 1912 (1966), del argentino radicado en el Perú Oscar Kantor, y “Miradas múltiples, La Máquina Loca (2012) tributo que hace el mejicano Emilio Maillé al gran maestro de la fotografía cinematográfica azteca, Gabriel Figueroa

Este año, además, se inaugurará una pequeña muestra con tres cintas del llamado cine independiente norteamericano, y una gira ambulante de documentales, con títulos de Canadá, Estados Unidos, Francia y Méjico.

Finalmente los homenajeados, entre los que se encuentra el realizador norteamericano Alexander Payne (“Entre copas”, “Los descendientes”), la brasileña Gloria Pires, más conocida por su trayectoria en las telenovelas de la red O’Globo, y nuestra gran señora del teatro y la pantalla, la entrañable Elide Brero.


Y es que el Festival de Lima, con todo lo mediático y reconocido que es, ya no puede seguir considerándose el único de cine en la capital porque ahí están también el Festival Internacional de Cine Lima Independiente, que este año contó con la presencia de un ganador de la Palma de Oro de Cannes, el tailandés Apichatpong Weerasethakul. También el Festival Internacional de Cine Digital (FIACID), TRASCINEMA, dedicado al cine de no ficción, Al Este de Lima, con obras de la Europa oriental, OUTFEST, del cine LGBT, y un novísimo Censurados Film Festival. Y en el interior del país encontramos al Festival Internacional de Cortometrajes, FENACO, que antes se realizaba en Cusco y ahora en Lambayeque, y el INKAFEST en Ancash, especializado en cine y andinismo; entre otros.

El surgimiento de estos festivales se debe a que en los últimos años la oferta cinematográfica se ha diversificado en la ficción, el documental y la animación, el acceso se facilita con las nuevas tecnologías del video y el cine digital, y se cuenta cada vez con mayor público especializado y abierto a propuestas experimentales y audaces de todos los ámbitos del planeta. Más que disputarle el espacio habitual de cine latinoamericano que cubre el Festival de Lima, han ampliado el espectro cinematográfico a otros horizontes y posibilidades, con lo que los grandes beneficiarios son el público realmente interesado en cine (y no posero) que asistió a sus funciones.

¿Habría admitido el Festival de Lima en su competencia oficial a “El espacio entre las cosas”, el exigente segundo largometraje del peruano Raúl del Busto? El filme fue estrenado en el Festival de Cine Independiente, donde obtuvo buenas críticas y una mención honrosa. Pero quien sí parece que se equivocó de festival fue el cusqueño José Huamán, que presentó para la categoría de documentales del Festival de Lima su trabajo “Inkarri: 500 años de resistencia del Espíritu Inca en el Perú”, pero no fue considerado por el equipo seleccionador.


Por eso y muchas razones más, es importante y necesaria la competencia y diversidad en este campo, para que todos los festivales, antiguos y nuevos, grandes y pequeños, se mantengan, crezcan y mejoren cada año para satisfacción del público, que más allá de los egos de sus organizadores, son su principal razón de ser.