sábado, 13 de mayo de 2017

Acotaciones al Anteproyecto de Ley de la Cinematografía y el Audiovisual

 

por Christian Wiener Fresco

La presentación por parte del Ministerio de Cultura del nuevo Anteproyecto de Ley de la Cinematografía y el Audiovisual elaborado por la DAFO con la participación de representantes de los gremios ha reavivado un poco la disposición al intercambio de pareces y debate tan necesarios en la comunidad cinematográfica. Reavivamiento sin embargo todavía precario y circunscrito, como si el tiempo y las urgencias del día a día hubieran adormecido los reflejos para el dialogo democrático en buena parte de la comunidad cinematográfica nacional, tan necesarios en un tema como la nueva ley que se propone regir al sector en los futuros años. Pero cometeríamos un grave error, que terminaría aislando a los cineastas como en otras oportunidades, pensar que esta ley debe ser solo tema de ellos y que el resto de la sociedad debiera ser excluida, ya que el cine, y el audiovisual por añadidura, es un tema de todos, que nos compromete como sociedad, y que encima legisla sobre fondos públicos, es decir del conjunto de los peruanos.

Por esta razón, la fecha establecida por el Ministerio para recoger opiniones sobre el Anteproyecto, que se venció ayer, no debería ser vista como cancelación de un debate apenas esbozado, sino más bien oportunidad para desarrollarlo y ampliarlo, involucrando a los gremios, empresas y universidades, entre otras instituciones, en su implementación. Ya el Ministerio ha anunciado para este miércoles 17 de mayo una reunión para debatir sobre la situación laboral de los artistas y técnicos del audiovisual, tema que compete no solo a la Ley de Artista, Interprete y Compositores; sino a la del Cine y el Audiovisual como se ha señalado en algunas de las notas publicadas en estos días. ¿No se podría hacer lo mismo para discutir, cuando menos, algunos puntos centrales de la Ley que han sido señalados, como las características y manejo del fondo; la cuota de pantalla y el acceso a las pantallas tradicionales y nuevas; y lo referente a la promoción cultural que incluye tanto la creación de la Cinemateca, el apoyo a los circuitos y difusión alternativa, y la formación cinematográfica? En todo caso, la pelota está en la cancha del Ministerio y los gremios que han venido trabajando este texto en los últimos meses.

Dicho lo anterior, quisiera hacer algunas breves acotaciones a algunos aspectos del Anteproyecto que no tuve oportunidad de mencionar antes, y tampoco encuentro en los textos publicados que resumo al final de esta nota. El problema parte porque el documento presentado es tan genérico en muchos aspectos, dejando casi todo al reglamento, que se podría aplicar gran parte del mismo en diferentes sentidos. Y no siempre los que redactan el reglamento final, que a fin de cuentas son funcionarios y abogados, terminan respetando el espíritu e intenciones de los legisladores originales. Ahí está el caso, para poner un ejemplo cercano, de la Ley del Libro del 2003. Creo por eso necesario ser más preciso y puntual en algunas disposiciones claves, aun a riesgo de parecer detallista, así como incluir el imprescindible glosario que aclare los términos que se usan a lo largo de todos los articulados, para que se sepa con claridad a que se refieren y cuál es el alcance de cada concepto, lo que para fines legales es fundamental.

Es el caso, en el propio título de la ley, que se habla no solo de cinematografía, sino del audiovisual en su conjunto ¿Y esto que abarca? ¿Se considera también a la televisión, no solo del Estado sino comercial? Lo lógico sería que sí, porque no se puede hablar de audiovisual en este país sin tomarla en consideración, más aún ad portas de los cambios que vendrán con la televisión digital, que nuestro país parece mirar por el costado ¿Qué se contempla al respecto? ¿Los concursos que convocará el fondo incluirán también producciones de ficción y documentales que se hagan para ser transmitidos por los canales comerciales y públicos? No es una idea descabellada, ya se hace en Brasil, Chile, Colombia y Argentina, que han avanzado mucho más en este terreno. ¿Y el derecho a exhibición planteado en el artículo 19 no debería extenderse a esta pantalla? Asimismo, ¿cómo encarar el desafío de las nuevas plataformas de distribución VOD o streaming como Netflix? La mención en el artículo 24 es muy pobre y vaga, y parece cumplir solo con hacer acto de presencia en un tema tan complejo y polémico.

En cuanto al fomento a la descentralización de la actividad cinematográfica y audiovisual, en el artículo 8 se menciona que no menos de un 30% del fondo se destinará a la regiones, lo que me parece muy bien, pero sin precisar cómo se llevara a cabo un tarea tan delicada donde debe evitarse tanto la tentación paternalista como ambigua en su aplicación, que se puede prestar –como ha sucedido recientemente- que lejos de impulsar al cine regional se premie la viveza de filmar fuera de Lima. En muchas zonas las dificultades para la difusión son más graves que en la capital, por lo que sería bueno estimular acuerdos con los gobiernos regionales y municipales para impulsar la creación de circuitos alternativos de distribución y exhibición que permitan presentar sus producciones, así como gran parte del cine cultural que no llega por la vía comercial. Esto debería alcanzar a los canales de televisión regionales, en especial a los de carácter comunitario, que es una categoría que debería incluirse en la Ley como sucede con las leyes de cine y medios en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile o Ecuador.

Sobre el fomento del cine cultural, no quiero abundar en la necesidad imperiosa de una Cinemateca Nacional reclamada por muchos, no solo por la urgente labor de recuperación y conservación de nuestro patrimonio pasado y presente, sino para convertirse en un dinamizador para la investigación y difusión del cine cultural en el país. Asimismo, en lo que respecta a la creación de una escuela de formación cinematográfica, asunto frente al cual era un poco escéptico al considerar la situación en que se encuentran nuestras escuelas artísticas desde hace años, pero que no por eso debiera seguir postergándose, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías permiten una práctica más accesible que antaño.

Preocupa sin embargo que se haya omitido en todo el texto la mención a festivales y muestras cinematográficas, que se convirtieron en importantes espacios internacionales y nacionales para la difusión del cine que no llega a las salas, entre el que se encuentra en gran parte el peruano. Cuando menos pudo haberse incluido en el artículo 22 que habla del fomento a las salas de arte y ensayo, cine clubes y “cinematecas” (como si tuviéramos muchas). Coincido al respecto con Eduardo Quispe que la gestión cultural no debiera ser sometida a concursos como en el presente, porque es una actividad continua y no única, que es el caso de la producción, dotándose más bien de recursos estables y homogéneos para todas las iniciativas consolidadas, sujeto a la fiscalización del Ministerio como se señala en el mencionado artículo. Por último, y para cerrar este punto ¿no podrían las salas de arte y ensayo, cineclubes, cinematecas, festivales y muestras de cine culturales gozar de la exoneración del IGV como tiene el teatro? Sería una manera efectiva y concreta de promover desde el Estado estas actividades culturales.

La actual Ley de Cine, la 26370, tiene como uno de sus objetivos el “promover en el programa de educación secundaria la enseñanza del lenguaje cinematográfico y su apreciación crítica, promoviendo, asimismo, la utilización del cine y el video como medios docentes.” (Artículo 2, inciso d). Es cierto que esta disposición nunca se llegó a implementar, así como la referida al tema de la preservación del patrimonio audiovisual y el “establecimiento de filmotecas” por múltiples motivos que van desde la falta de presupuesto hasta el desconocimiento, desinterés o prejuicio de las más altas autoridades gubernamentales en la expresión audiovisual. Pero eso no quiere decir que fuera equivocada o innecesaria. Todo lo contrario, si algo nos ha revelado estos últimos años de debacle de la educación en el país es que si es clamorosa la deficiencia en la lectura y su comprensión por niños y jóvenes, no menos inquietante es lo que se refiere al manejo del lenguaje y la semántica cinematográfica, lo que les impide poder apreciar mensajes y propuestas exigentes que estén más allá del discurso convencional y efectista del cine y los productos audiovisuales comerciales. En vez de abandonar este propósito, debería retomarse y hacerse realidad de forma concreta y decidida con el sector educación, pues es inaudito que en pleno siglo XXI nuestra escuela (en especial la pública, porque algunas privadas si lo impulsan) siga siendo ajena al lenguaje de mayor consumo en los jóvenes, dejando en la práctica a la llamada televisión basura y el cine más abyecto a nivel comercial, como las indeseables madrastras en la materia. De otra manera, será imposible lograr que el público mayoritario del futuro pueda interesarse por nuestra producción y la extranjera más diversa y creativa. Esta tarea debe ser complementada con una efectiva política de formación de públicos en barrios, organizaciones y comunidades, llevando el cine a la gente de a pie, como se estila en varios países de la región con mucho éxito.

Estas son algunas ideas que esbozo para añadir al necesario debate sobre la Ley de cine que nos merecemos como país, que mencionaba al principio, y que nos debería involucrar a todos como sociedad, no solo a cineastas, críticos o allegados al sector. Creo que nadie postula echar por la borda, ni retroceder sobre lo avanzado. Quienes hemos comentado con nuestros nombres tenemos el mejor espíritu de contribuir desde nuestras particulares experiencias y conocimientos a que tengamos la mejor legislación posible. Espero que en ese sentido sea apreciado este esfuerzo de sistematización y propuestas para que el cine y audiovisual peruano pueda ser cada vez mejor en todo sentido.
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Una pequeña guía de lo publicado (y conocido) en redes, medios y blogs sobre el Anteproyecto de Ley del Cine y el Audiovisual:

1) http://blogdelchw.blogspot.pe/…/que-ley-de-cine-y-para-que.…
2) http://blog.desistfilm.com/…/aportes-al-anteproyecto-de-la…/
3) https://www.facebook.com/francisco.adrianzenmerino/posts/420744558292989
4) http://proyectilimaz.blogspot.pe/…/aportes-la-nueva-ley-de-…
5) https://www.facebook.com/francisco.adrianzenmerino/posts/420280765006035
6) http://www.paginasdeldiariodesatan.com/pdds/?p=4002
7) https://www.facebook.com/francisco.adrianzenmerino/posts/419763601724418
8) http://elcomercio.pe/…/nueva-ley-cine-luis-llosa-urquidi-no…
 

También sobre la cuota de pantalla, el mínimo de mantenimiento y la distribución y exhibición comercial del cine peruano:
9) http://elcomercio.pe/…/cartelera-cine-fondo-pantalla-notici…
 

Y el Anteproyecto de Ley de la Cinematografía y el Audiovisual del Ministerio de Cultura:
10) http://dafo.cultura.pe/discusion-publica-sobre-el-anteproy…/

miércoles, 3 de mayo de 2017

¿Qué Ley de Cine y para qué?



Por Christian Wiener Fresco





De alguna manera, las legislaciones sobre cinematografía son el resultado de una ecuación entre lo que lo que los cineastas desean y lo que las autoridades de turno están dispuestas a aceptar, convirtiéndose en una forma de medir lo que el Estado, en tanto representante de la sociedad, considera que pueden aportar respecto a su cine y cultura en general.

Por ejemplo, el Decreto Ley 19327 de los tiempos de Velasco respondió a una visión industrialista de las películas, casi de sustitución de importaciones, apoyada en un discurso nacionalista de construcción de un mercado propio.  Por eso apostó a que la producción peruana recuperara su inversión y obtuviera ganancias con la taquilla local más la cesión de los impuestos municipales que gravaban el boleto, garantizando su acceso a las salas de exhibición de forma obligatoria, cuando menos una semana. La fórmula funcionó  mientras hubo un Estado firme y una economía en expansión. Pero al llegar la crisis de los ochenta, que golpea duramente el viejo negocio cinematográfico, la ilusión industrialista parece haber llegado a su límite, de lo que se vale el emergente discurso neoliberal para liquidar la ley después del autogolpe de Fujimori en 1992.

Ante los reclamos de los cineastas, el gobierno fujimorista promulga el 94 la Ley 26370 que propone que la actividad cinematográfica sea asumida exclusivamente como cultural, con subsidios del Estado para la producción a fondo perdido, y sin intervención en el sacrosanto libre mercado de las salas cinematográficas (que en esos momentos se estaba recomponiendo en las cadenas de multisalas), dejando a los productores al libre albedrio de la negociación con los  empresarios exhibidores. El resultado, luego de un accidentado periplo de más de veinte años con regateo presupuestal, y las modificaciones posteriores de la Ley 29919, es la situación actual de una mediana producción sustentada en los premios de los concursos, al lado de algunos títulos con figuras mediáticas hechos para la taquilla, y otra producción más marginal, tanto de Lima como el interior del país, valiéndose de las nuevas tecnologías del video digital.

Pues bien, ahora el Ministerio de Cultura luego de larga espera nos anuncia un nuevo Anteproyecto de  Ley de la Cinematografíay el Audiovisual, y la primera pregunta que nos asalta al respecto es ¿qué propuesta tiene sobre el rol del Estado en la cinematografía? ¿qué propone para el futuro del cine peruano?  A pesar que ahora se quiera negar la criatura, es innegable que el anteproyecto presentado resulta en cuanto a estructura  una continuidad del que se elaboró entre el 2011 y 2012 en el Ministerio de Cultura con participación de los gremios, que a su vez tomaba como base experiencias de otros países así como  proyectos previos en el Perú que datan desde el 2001.

Sin embargo, en el camino parece que la propuesta se aligero tanto para quedar bien con todos que resulta casi irreconocible en aspectos sustanciales. Lo peor es no haber tomado en cuenta los cambios en la cinematografía peruana en los últimos años por múltiples factores (aplicación de los fondos establecidos en la Ley, democratización de las tecnologías digitales, introducción de estrategias de marketing y “product placements”) que plantean nuevas prioridades para el sector frente a los desafíos de hace algunos años. En efecto, luego de estar produciendo un promedio de cerca de cincuenta películas al año en los últimos cuatro, el desafío principal del momento no parece consistir en seguir aumentando el ritmo de producción de películas, y más bien lograr que estas lleguen a las salas, y puedan ser vistas en las mejores condiciones, no solo las abiertamente comerciales sino todas, incluso las más exigentes y experimentales.  Al lado de ello, y dadoque se trata de una ley de cultura, patrocinada por la máxima autoridadpolítica del país en la materia, debería ocupar un rol central lo concernientea la preservación del patrimonio audiovisual y la formación cultural, como lo señalamos en una nota anterior.

Un avance significativo sería si logran conseguir doblarles el brazo a los tecnócratas del MEF, que por cerca de veinte años se vienen negando a contemplar la posibilidad de destinar el dinero del antiguo impuesto municipal a la entrada a las salas de cine para la formación de un fondo a favor de nuestra cinematografía. Que no se debe afectar la tributación municipal, que contravendría los principios de recaudación única a nivel tributario o la inconveniencia de la existencia de fondos para financiar una actividad, fueron algunos de los argumentos más repetidos en toda esta época por el discurso neoliberal en boga, pero en el fondo todo depende de la voluntad política al más alto nivel que esperamos exista efectivamente en esta oportunidad. De esta manera el 50% de ese 10% de la entrada irá al fondo, sumándose al presupuesto de la 26370, y la otra mitad salomónicamente será descontado de la carga tributaria de las salas de cine. Ello permitirá contar con un estimado de cerca de 30 millones de soles  al año para financiar la producción de películas peruanas y otras actividades complementarias.

Aquí surge una primera observación, porque si bien se habla que entre las finalidades del fondo se contaría “la preservación del patrimonio audiovisual nacional” se omite sin embargo concretar la creación de una Cinemateca peruana para encargarse de esta acción, corriendo el grave riesgo de quedarse en las generalidades como sucede en la ley actual. Se dice que estaría en estudio la elaboración de una ley adicional sobre patrimonio audiovisual, lo que suena un poco a dejar las cosas en el limbo, más aún cuando en el propio texto se menciona que el Ministerio de Cultura constituirá “un archivo del audiovisual peruano”, que más allá de lo administrativo –que no requeriría estar en la ley-, se convertiría en una duplicación de funciones para la futura entidad, si es que en verdad quiere hacerse. Cabe reiterar que la función de una Cinemateca no se limita a la recuperación y conservación de nuestra memoria, debe también desarrollar la difusión cultural del cine peruano e internacional, la formación de público, la enseñanza audiovisual y el estudio e investigación de nuestra cinematografía, entre otros aspectos fundamentales.

Igual se puede decir respecto a la promoción fílmica (o “Film Commission”) que también se anuncia estar trabajando un texto legal pertinente, por lo que no se entiende para que se incluye un artículo para la promoción de la producción fílmica en el territorio nacional, insistiendo además en el error de reducirla al uso de locaciones, dejando de lado el fomento a la participación de los artistas, técnicos y equipos peruanos en las producciones internacionales que se realicen en el país.

Pero lo más preocupante es lo que se refiere al régimen de distribución y exhibición cinematográfica nacional. Porque si hubo una queja reiterada de la gran mayoría de cineastas en todos estos años fue por los problemas de exhibición, el trato de los dueños de las salas, las presiones de los distribuidores hollywoodenses, y sus mil y un padecimientos por la vulnerabilidad frente a su omnímodo poder económico. Ante ello se insiste en no tocar al negocio cinematográfico y mantener casi el mismo esquema de la ley actual, incluso con un régimen supletorio con participación de INDECOPI que en la práctica nunca se ha aplicado. Se dice que se garantizaría un tiempo mínimo de mantenimiento de una semana, pero eso es malinterpretar el concepto que se aplica a la duración de la película en cartelera más allá de su semana de estreno, y que no pueda ser retirada si logra cubrir un porcentaje mínimo de la taquilla en las salas durante el fin de semana (lo que antes se conocía como el “hold over”), lo que suele ser muy frecuente cuando hay algún “blockbuster” gringo programado.

¿Y la cuota de pantalla? En principio nada, salvo lo señalado de forma críptica en una disposición complementaria: “Las cuotas de exhibición de obras cinematográficas en salas de exhibición, amparadas por los acuerdos o tratados bilaterales o multilaterales suscritos por el Perú, podrán ser aprobadas mediante decreto supremo, teniendo en cuenta los criterios establecidos en dichos acuerdos o tratados.” En otras palabras, que para poder fijar cuotas de exhibición deberán figurar en acuerdos internacionales, y suscrito nada menos que por el Presidente de la República, como si se tratara casi de un tema de seguridad nacional. ¿Y el TLC con Estados Unidos, que permite adoptar o mantener hasta un veinte por ciento de las obras cinematográficas peruanas en cines o salas de exhibición, se considerará como acuerdo internacional valido para estos efectos?

Sorprende de otro lado, que frente a esta situación no se haya considerado también estimular con
los recursos del fondo la exhibición alternativa, con salas y circuitos de exhibición, sean privados o públicos, que permitan la difusión del cine nacional, y una mejora de la cartelera comercial En especial en las regiones, donde la situación es tan o más dramática que la vivida en la capital. El artículo sobre el fomento a las salas de arte y ensayo, cine clubs o cinematecas parece solo un saludo a la bandera en la medida que no precisa que rol que cumplirían frente al cine peruano además de la cultura en general. Otra importante omisión del texto es a los festivales, muestras y otros eventos cinematográficos, que no se explica porque son excluidos del fondo. En cuanto a las otras plataformas de exhibición, como televisión y entorno digital, es muy vago y poco preciso, pudiendo convertirse el Ministerio, y no solo desde IRTP, en un destacado elemento impulsor para la producción nacional y cultural en estos espacios.

Finalmente, y en otro punto, es lamentable que en todo el texto no se hable nada de los derechos de los trabajadores y artistas cinematográficos, como si no existieran o fueran irrelevantes. De hecho, los porcentajes establecidos sobre su participación en las producciones nacionales desaparecieron por el vago término de “mayoritariamente” que puede ser interpretado a su criterio por los funcionarios de turno. Y no se hace ninguna mención al régimen laboral y las responsabilidades de las empresas productoras. ¿O será que todavía seguimos con el “sacrificarse” por el cine nacional para los de abajo?

En suma, si bien la ley puede ser vista como un avance frente a lo existente, sin duda que es muy poco y débil para convocar expectativas de un cambio importante. Es cierto que todavía falta camino por recorrer antes de su aprobación, y en el mismo muchas cosas pueden modificarse. Y que como suele decirse, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero lo que más preocupa es que los problemas centrales del cine peruano sigan sin ser atendidos, y otra oportunidad se vuelva a desperdiciar con este esfuerzo porque no se quiso arriesgar más allá,de lo evidente.    

jueves, 29 de diciembre de 2016

La luz se hizo sombras



por Christian Wiener Fresco

En los años ochenta y parte de los noventa, cuando el negocio de las salas de cine comenzó a declinar rápidamente en el Perú, el deterioro de la calidad de las proyecciones fue uno de los factores fundamentales que alejó al público, debido a la antigüedad y falta de mantenimiento de los aparatos de proyección, así como al “ahorro” de la combustión de los filamentos de carbón usados para dar luz a los equipos de exhibición de películas. Esa fue también una de las varias razones que llevaron al público a cuestionar al cine peruano acogido a la exhibición obligatoria –y por tanto resistido por exhibidores y distribuidores- , tanto de corto como largometraje, por una supuesta mala fotografía (que en no pocos casos era mala proyección) a lo que se añadía problemas de sonido, que también en gran parte se debían a los deficientes equipos de audio de las salas, incluso de estreno.

Cerrando el siglo XX,  y luego de desembarazarse de la incómoda ley de cine velasquista en los años de Fujimori, el negocio cinematográfico en el país vive un drástico cambio, al cerrarse la mayoría de salas tradicionales, apareciendo en su reemplazo el negocio de las multisalas (o multiplex) asentados en los Centros Comerciales, y dotados de los mayores avances tecnológicos en cuanto a proyección en celuloide, y con sistemas de sonido integrado y dolby que buscaron dar una sensación más vívida a los espectadores. El cambio se traduce también en la propiedad de las salas, que dejan de estar en los rentistas tradicionales para concentrarse en pocos grupos o holdings como Cine Planet, UVK, Cine Star, Cinerama, y las extranjeras Cinemark o Cinepolis, entre otras.

Estas innovaciones y “look” importado, que coincidían con el aire de modernidad y consumismo finisecular, explica el éxito de los nuevos complejos de salas, recuperando a un público que había desertado masivamente, y ganando a nuevos adeptos al cine hollywoodense, mayoritario cuando no exclusivo, en especial con experiencias como el sonido surround o el 3D. Lo que se tradujo en pingues ganancias para este negocio, que parecía hace poco años al borde de la desaparición, y a pesar de la competencia desleal de la piratería, fue ampliándo su cobertura de sectores altos y mesocráticos a populares, y luego fuera de Lima, en las principales ciudades de provincias, que había estado privadas de acceder a los estrenos fílmicos por quince a veinte años.

El Digital

Sin embargo, desde el año 2010 las salas de cine requieren, debido a la globalización y su dependencia de la tecnología e insumos exteriores, reconvertir sus equipos de proyección en celuloide a digitales. El cambio no es poca cosa, implica una revolución en el formato ya no solo de producción y postproducción sino exhibición, con películas ya no en rollos de 35 mm sino discos duros en sistemas Digital Cinema Package (DCP) o similares de 2 y 4k de memoria (cercano al ratio de la cinta de 35 mm). Para ello se requiere nuevos proyectores bajo los estándares aprobados por la Digital Cinema Initiatives, (DCI) organizada por los estudios de Hollywood, y que certifica los equipos digitales aptos para sus películas.

Como el costo de estos equipos son elevados, al tiempo que los distribuidores disminuían los suyos con la eliminación de las copias en celuloide, los exhibidores en acuerdo con las grandes distribuidoras agrupadas en las Major’s de Hollywood establecieron internacionalmente un pago de subsidio que debía ser asumido por el proveedor de la película estrenada en este formato, denominado Virtual Print Fee o VPF. Este sobrecosto no es muy significativo para los grandes distribuidores, porque pueden amortizar el gasto individual por el volumen de sus producciones estrenadas, pero si para los independientes y nacionales con mucha menor presencia en el mercado, por lo que significa también una forma nada sutil de excluirlos.   

Con todo, y al presentarse como un pago supuestamente temporal –ahora se dice que no solo cubriría el valor de compra sino de mantenimiento de los equipos en el futuro- y, sobretodo, por tratarse de una tecnología que asegura una gran calidad de imagen y sonido, y sin los desniveles lumínicos ni desgaste de las cintas por los equipos tradicionales, muchos terminaron aceptando estas nuevas condiciones para acceder al mercado cinematográfico comercial. La alternativa era la marginalidad de los circuitos alternativos y otras ventanas de exhibición.

Pero no contaban con que la tradicional angurria y falta de escrúpulos de nuestros exhibidores, por ahorrarse  unos dólares en las proyecciones y prolongar la vida de las lámparas de sus equipos digitales, reduzcan la intensidad luminosa (lumen) con el resultado consiguiente de afectar la calidad de la visión de las películas en cartelera, en especial las que no son tan comerciales o no les interesa tanto exhibirlas (como las nacionales no tan comerciales). No faltara entonces que se vuelva a acusar a esas películas de baja calidad técnica, cuando de verdad la responsabilidad es de la sala y no de los productores.

Agréguese  a lo anterior que en algunas salas, por la falta de mantenimiento de los equipos de sonido se ha traducido en que se pierda buena parte de los detalles y efectos originales, además de la mala costumbre de pasar mayoritariamente las peliculas dobladas, lo que motiva que no pocos espectadores terminen prefiriendo ver las películas en su casa en blu-ray de alta definición, antes de asistir a salas no muy baratas que brindan tan pobre servicio por pura tacañeria.

¿Este es el cine del futuro que nos prometían destellantes los empresarios cinematográficos? Y a todo esto ¿quién controla este negocio? Se supone que INDECOPI, pero en todos estos años de creada no hemos conocido hasta ahora que se atrevan a intervenir contra la sacrosanta libertad de comercio de estas cadenas, que en ocasiones como esta se convierte en licencia para el abuso y la estafa de los espectadores  (aunque a algunos fuera de sus porciones gigantescas de pop corn, no parece importarles nada más). Esa misma pasividad y peloteo de responsabilidades que estuvo en la raíz de una tragedia como el incendio de los cines UVK en Larcomar, porque parece que solo reaccionamos cuando las cosas ya pasaron, y solo queda lamentarse.