lunes, 13 de noviembre de 2017

Las pantallas son anchas y ajenas



por Christian Wiener Fresco



Como sabemos, esta película no ha sido la primera y probablemente tampoco la última que sea maltratada por querer estrenarse en su propio país. Esta situación se mantendrá mientras la autoridad se siga haciendo la vista gorda en este tema, no queriendo legislar al respecto para no chocar con la supuesta y sacrosanta “libertad de mercado”.

En la presentación que hizo el Ministro de Cultura el martes 7 de noviembre en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso para sustentar el proyecto de nueva ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano, mencionó como ejemplo de apoyo al cine el caso de Francia, pero se cuidó de señalar que su Estado no solo fomenta a sus cineastas económicamente, sino con garantías para la exhibición de sus películas, aun las más difíciles y experimentales, gracias a la cuota de pantalla. Por eso los galos encabezaron en los años 90 el movimiento por la excepción cultural en el campo audiovisual, para protegerse del monopolio avasallador de la cinematografía hollywoodense.


Igual se podría decir en América Latina de Argentina o Brasil, por mencionar dos de las cinematografías más fuertes en la región, donde la cuota de pantalla es un elemento clave de sus legislaciones y factor central para la visibilidad de sus producciones.

En el Perú actual sin embargo de ese tema no se quiere ni siquiera hablar, como si mencionarlo fuera casi una herejía, un fantasma del pasado que mejor se exorciza con el silencio. Pensar que hace unos años se avanzó a plantearlo por primera vez en un texto legal para el cine peruano, aun con la salvedad de no ser obligatoria, y ese solo hecho desató la tormenta perfecta entre quienes cuestionaban su posible inaplicación contra los más que ya lo daban por hecho, y sentenciaban que eso iba contra la libertad del público (aunque en realidad de los empresarios) al supuestamente obligar a los peruanos a consumir su cine.

La cuota de pantalla es un mecanismo por el cual se asegura un mínimo de espacio anual para la difusión del cine nacional en las pantallas de las salas de cine comercial. No es algo privativo del cine, en la vigente Ley de radiodifusión se contempla una cuota de pantalla del 30% para la producción nacional en los canales de televisión peruanos, cifra también estipulada para las estaciones radiales. Lo que la propuesta del Ministerio de Cultura, en conjunto con los gremios de cine, planteaba en el proyecto del 2012 era la posibilidad que la entidad oficial de la cinematografía, “teniendo en cuenta la infraestructura de salas de exhibición cinematográfica existentes en el país, los promedios de asistencia y el volumen de producción de obras cinematográficas nacionales por año, podrá fijar anualmente políticas sobre porcentajes mínimos de exhibición de obras cinematográficas peruanas en cualquier medio o sistema correspondiente. Este porcentaje no debe superar el veinte por ciento (20%) del total de obras exhibidas a nivel comercial en el país durante el mismo período de tiempo.”   

El porcentaje máximo que podría alcanzar esta cuota, del 20%, no era una cifra arbitraria, sino que esta consignada en el Tratado de Libre Comercio del Perú con los Estados Unidos, donde se cautela que hasta ese porcentaje nuestro país, de manera facultativa, podría condicionar su presencia en el mercado audiovisual y específicamente cinematográfico (en el anexo II de Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios). Los negociadores peruanos que participaron de este acuerdo no consignaron esta salvedad por puro formulismo, fue una manera de asegurar una mínima soberanía en el manejo de las políticas públicas en materia cultural por el país.  

Pecan por tanto de ignorancia o mala fe todas las voces que hablan que la cuota de pantalla “obligaría” a los espectadores peruanos a ver su cine. No, aquí no se trata de imposiciones ya que cada quien es libre de ver lo que quiera, pero si abrir oportunidades para que el cine peruano no sea, en su gran mayoría, el inquilino casi molestoso en su propio país, y pueda llegar de manera regular y segura a su público natural en similares condiciones a los otras cinematografías, incluyendo los grandes blockbusters norteamericanos que nos invaden cotidianamente las pantallas. Y la mejor prueba es que en todos los países donde existe este mecanismo, no ha eliminado la “competencia” estadounidense, pero si cautelado y potenciado a su cine propio.

En el nuevo proyecto de ley se propone como gran solución que se suscriba un contrato entre las empresas exhibidoras y el titular de los derechos de utilización económica donde “se regulen las condiciones de estreno y la exhibición comercial de la obra”. Pero para quien conoce un poco del comercio cinematográfico sabe que todo eso no pasa de buenos deseos, porque nunca ellos han suscrito un contrato para exhibir una película, y no tendrían ninguna obligación de hacerlo ya que la ley no establece ninguna posible sanción a su incumplimiento. Allí se revela la relación asimétrica que existe entre los productores y distribuidores nacionales frente al puñado de grandes cadenas exhibidoras asociadas a las distribuidoras norteamericanas, que pueden excluir cualquier título nacional que no les interese sin mayores consecuencias, a no ser alguna queja en redes sociales. Por lo demás, la actual ley, la 26370, ya preveía este tema de los contratos y como ha quedado demostrado en estos años, no sirvió de mucho, en realidad de nada.

La otra propuesta esbozada en el proyecto de nueva ley, la del fomento a la exhibición cinematográfica alternativa, suena atractiva en cuanto a impulso del cine cultural, pero difícilmente lograra tener el impacto que se demanda en el terreno comercial –si se quiere un cine mínimamente rentable- salvo que se generalice un circuito alternativo como las salas INCAA en Argentina. De otra manera, se estaría condenando al cine peruano a un gueto, lo que haría muy difícil su popularización, más allá de los títulos comerciales que no requieren mayor apoyo para su exhibición.

Adicionalmente la cuota de pantalla debe complementarse con el mínimo de mantenimiento, que es un mecanismo que asegura que una película que cumple un mínimo de espectadores en una semana no sea retirada arbitrariamente de cartelera. Práctica muy común en el negocio cinematográfico, por presión de las distribuidoras trasnacionales, que tienen todos sus estrenos planificados internacionalmente, y donde cualquier película nacional o de otra procedencia que altera sus planes, es inmediatamente eliminada de la “libre competencia”, aun cuando haya tenido un comportamiento comercial exitoso en su semana de estreno. Lo que se trata es de garantizar que la película cumpla cuando menos su primera semana de estreno, como no sucedió “La luz en el cerro”, y que pueda seguir en circuito si alcanza un determinado número de espectadores. Eso implicará que el Ministerio de Cultura desarrolle una labor de fiscalización en este campo, supervisando los estrenos y desempeño comercial de las películas exhibidas en el país en cualquier medio o sistema. Y que la Ley contemple además, posibles sanciones para quienes lo incumplan, no como ahora donde todo el título de infracciones y sanciones está dedicado exclusivamente a los productores.

Lejos de restringir la libertad de elección, la cuota de pantalla permite una apertura y democratización de nuestras pantallas, y una libertad de opciones para todos los peruanos que actualmente estamos lejos de tener ante la “cuota de pantalla” que nos imponen desde afuera. Por el contrario, lo que se propone es un porcentaje muy minoritario en relación a toda la producción extranjera, en especial hollywoodense, que domina nuestro mercado como al resto del mundo, lo que implica que la negativa a aplicarla es más ideológica que realmente práctica.    

Culmino con un texto del INCAA sobre el punto, que me exime de mayor abundamiento sobre las razones de fondo que justifican esta medida: “Fundamentalmente, debe repararse en la existencia de factores que, como la globalización y la desigualdad económica, han conducido a la constitución de grandes conglomerados culturales-comerciales que, a través de una constante oferta de sus productos sobre las naciones con economías menos desarrolladas, favorecen la unificación de contenidos culturales y la supresión de miradas alternativas, nacionales o regionales. Ante este fenómeno el Estado debe asumir un rol activo, implementando medidas que preserven los derechos individuales de los titulares de esos emprendimientos, pero que también garanticen a todos los ciudadanos la posibilidad de gozar plena y efectivamente de los bienes y servicios culturales propios.  

martes, 17 de octubre de 2017

La Cinemateca que no se quiere



por Christian Wiener Fresco

En las últimas semanas y meses, varios hemos escrito y comentado que una de las más graves omisiones del proyecto de nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano elaborado por el Ejecutivo y presentado al Congreso es la negativa a crear la tan ansiada Cinemateca Nacional. En este caso no se puede achacar la omisión a los insensibles funcionarios del MEF, pues el texto original elaborado por el Ministerio de Cultura, con participación de los gremios de cineastas, ya  había renunciado a este objetivo.







Sin embargo si uno revisa el proyecto legislativo va a encontrar en varias partes que se
habla de la preservación del patrimonio audiovisual nacional, “conservándolo, restaurándolo, archivándolo y difundiéndolo”; aunque de forma más que sintomática no se dice nada de ello entre las finalidades de la Ley. Más adelante dicen que se otorgará del dinero del fondo estímulos directos –es decir sin concurso- para la preservación del patrimonio audiovisual, lo que genera inevitables sospechas y especulaciones, habida cuenta que al no existir la Cinemateca Nacional ¿a quienes se asignará esos recursos? ¿Una ley para un solo postor?


Por último, algo que puede parecer un detalle, pero no les tanto (y ya sabemos que el diablo esta en los detalles). En la ley actual, la 26370, se precisa en el artículo 19 que la empresa productora beneficiaria de los premios es  propietaria de  los  derechos de  utilización económica  de la  obra  cinematográfica, pero que el Estado tiene  derecho a  por  lo menos una  copia  final de  la  misma, la  que  sólo puede  ser  utilizada para  fines  de difusión cultural o educativa (lo que no fue modificado con la Ley 29919). Esto fue un gran paso adelante con respecto a la norma anterior, la 19327, donde esta obligación no existía y tuvo como resultado que gran parte de ese material se perdiera irremediablemente. Ahora, gracias a esta disposición, el Ministerio de Cultura dispone de un valioso archivo de lo que fue CONACINE y lo que ha venido premiándose en los últimos años en la máxima entidad cultural del país. Allí está la base de la Cinemateca, si no quieren de hoy, la de mañana. Pero todo eso podría quedar trunco si se aprueba el proyecto del Ejecutivo tal cual ha sido presentado al Congreso. ¿Y por qué? Porque se ha omitido, no sabemos si intencional o involuntariamente, la obligación de los productores que obtienen algún tipo de apoyo de la Ley a dejar cuando menos una copia de sus producciones.

Es decir, se invertirá una buena cantidad de recursos del Estado (6000 UIT) para financiar la cinematografía nacional y de ella no nos quedará ni la sombra. ¿Tiene algún sentido? Alguien dirá que debido a la intención de adelgazar la propuesta original hasta casi la inanición, se olvidaron de esta mención esencial, y que ello se podría corregir en el Reglamento, pero no es así, porque una norma de menor rango no puede ir más allá de lo que la Ley no manda ni faculta.

Un país que no defiende su pasado difícilmente puede asegurar su presente ni garantizar su futuro. Eso vale también para nuestra cinematografía, si es que nos preocupa como cultura sinceramente y no solo como negocio momentáneo.